Córdoba

La construcción advierte de la inseguridad jurídica de los procesos urbanísticos

  • El sector pide que las nuevas ordenanzas despejen la incertidumbre a la hora de invertir

La inseguridad jurídica de la Declaración Responsable y las dificultades para la agilización de las licencias fueron los temas centrales de una reunión mantenida por los colegios de Arquitectos y de Aparejadores y Construcor -la asociación que aglutina a los empresarios de la construcción e infraestructuras de Córdoba-, según informaron ayer desde este último colectivo. Ambos asuntos están incluidos en el borrador de ordenanza para el impulso del desarrollo económico presentado por la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) hace unos días a sus sectores empresariales miembros y que se analizó desde la óptica del sector de la construcción.

"Las deficiencias en los planes de inspección, atribuciones de los inspectores y régimen sancionador, provocan una clara inseguridad jurídica a la hora de la aplicación de Declaración Responsable", en opinión de los colegios profesionales cordobeses y los empresarios de la construcción. "Esta inseguridad jurídica provoca incertidumbre en las obras y procesos urbanísticos, tanto a los profesionales como a las empresas y es urgente subsanarla", según los participantes en la reunión, "porque afecta a los ciudadanos y técnicos en la seguridad y cobertura legal de sus negocios", puntualizaron los integrantes de ese encuentro: los presidentes de los colegios de arquitectos y aparejadores, Felipe Romero y José Manuel Ríos; la vocal de la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos, Lourdes Arroyo; el presidente del Consejo Empresarial de Urbanismo Sostenible de Construcor, Manuel Murillo; y su secretario general, Francisco Carmona.

Respecto a la agilización de las licencias, los participantes en el encuentro insistieron en que mientras los técnicos de las empresas contratadas (y que están profesionalmente capacitados) no tengan capacidad jurídica para agilizar los procesos, que son responsabilidad única de los técnicos municipales (funcionarios) será muy difícil esa agilización. Por ello, los participantes estiman que debe reformarse la ley -La Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) de Andalucía- con la mayor rapidez posible.

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