La comisión de investigación sobre la gestión del presidente del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), Manuel Torrejimeno, al frente del mismo y las directrices dadas en su momento a quien fuera gerente, que dimitió, y ahora es delegada de Casco Histórico, María Luisa Gómez Calero, ha rechazado por mayoría el dictamen con críticas de los grupos de la oposición. 

Desde el PSOE, su concejal Carmen Victoria Campos ha remarcado que "la comisión ha sido de principio a fin una auténtica vergüenza", además de contar con "falta de transparencia" y con "un dictamen insostenible", y considera que "la comisión debe concluirse exigiendo responsabilidades políticas a Torrejimeno". 

Mientras tanto, desde Vox han advertido de la actitud "déspota" del gobierno local que "quiere llevar al fracaso a la comisión, que sigue sin dictamen", al tiempo que han defendido que "es imprescindible depurar responsabilidades".  

La citada comisión echó a andar el pasado mes de abril, algo más de un año después de que se desencadenaran los hechos. Con ella, la posición esperaba que se depurasen responsabilidades políticas por las actuaciones del edil de Ciudadanos al frente del Instituto Municipal de Deportes. Una comisión que, finalmente, no ha dado los resultados que los grupos no han obtenido a pesar de todas las sesiones que se han celebrado desde entonces.

Los hechos

Todo comenzó el 11 de febrero de 2020, día en el que Torrejimeno envió un correo electrónico a la entonces gerente, que acabó desencadenando en una tormenta política. En dicho correo, Torrejimeno pidió a Gómez Calero su renuncia por escrito si no llevaba a cabo una serie de exigencias para que el organismo dependiente del Ayuntamiento acabara “de despegar”. “Me veo obligado a pedirte lo siguiente antes de que termine la semana, de otra forma necesito tu renuncia por escrito antes de pasar nosotros al plan b”, rezaba el correo en su encabezado.

Entre esas exigencias figuraban la reestructuración de personal –que estaba pendiente de negociación con el comité de empresa–, la reasignación de tareas de los coordinadores del Imdeco –algo que para la gerente era conveniente negociarlo también con el comité de empresa–, y el nombramiento de un funcionario con nombre y apellido como cargo. Esto último va contra la norma, ya que de manera directa no se puede asignarle un trabajo de mayor categoría a un funcionario; además, el comité de empresa amenazaba que si se llevaba a cabo de manera directa denunciarían a la empresa por prevaricación. Asimismo, le pedía la contratación de una empresa a dedo para que llevara las redes sociales y el servicio de prensa del Imdeco.

Ante estas y otras “presiones”, Gómez Calero optó por dejar su cargo, decisión que hizo efectiva al día siguiente. “Me veo en la obligación de presentar mi renuncia con carácter irrevocable tras los últimos acontecimientos vividos” en el organismo municipal, “del cual soy gerente”, informó en un comunicado Gómez Calero, quien insistió en que esos acontecimientos son “las presiones que estoy recibiendo por parte del presidente para realizar ciertas actuaciones, que según mi criterio no se corresponden con los principios de cualquier persona que rige una entidad pública debe tener, ya que podrían rozar la ilegalidad”.

Gómez Calero era la número 6 de la candidatura de Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales y Torrejimeno el número cuatro. La formación naranja consiguió cinco concejales en los comicios, por lo que si hubiera habido alguna baja, como así finalmente ha ocurrido, tendría la posibilidad de acceder a la Corporación que preside el popular José María Bellido.

Tras la renuncia al cargo de gerente, Torrejimeno la denunció ante los tribunales por supuesta revelación de secreto profesional y la dirección nacional de Ciudadanos la expulsó del partido. La denuncia llegó a los juzgados el 10 de marzo de 2020. En medio de esta tormenta, los grupos municipales del PSOE e IU pidieron al Pleno una comisión de investigación para aclarar el caso, una comisión de investigación que en principio no prosperó. Torrejimeno se aferró a la denuncia interpuesta y un informe del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, dejó en stand by la petición por existir una “condición prejudicial penal”. A su juicio, había que esperar la resolución de los jueces antes de celebrarla. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba acordó el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones.