Un total de tres casos de absentismo escolar detectados en la provincia de Córdoba han llegado a la Comisión Provincial de Absentismo, creada, precisamente, para abordar las faltas de asistencia a clase reiteradas de alumnos, y en la que participa, entre otros, la Fiscalía de Menores. 

Así lo han confirmado fuentes de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, detallando que, hasta el momento, solo han llegado a la citada comisión "dos casos de alumnos de Educación Primaria y uno de Educación Secundaria". 

Hasta llegar a este punto, los casos han pasado por las distintas etapas que marca la orden de 19 de septiembre de 2005 y que establece cómo abordarlos e intentar solucionarlos, primero desde el propio centro educativo, con los Servicios Sociales Comunitarios y los equipos técnicos de Absentismo Escolar y, más adelante, con las herramientas de la comisión o subcomisión municipal y de la provincial. 

Solo en los casos más graves, en los que no hay justificación alguna para las faltas reiteradas a clase, interviene la Fiscalía para ejercitar la acción penal contra aquellos padres o tutores que, presuntamente, hayan infringido los deberes inherentes a la patria potestad en este ámbito. 

Se establece que el alumno es absentista cuando las faltas de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de cinco días lectivos en Educación Primaria y de 25 horas de clase en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), o el equivalente al 25% de días lectivos o de horas de clase, respectivamente. 

Una vez detectado un caso, es el tutor del menor en el centro educativo el que comienza a trabajar para revertir la situación. La norma establece que son los maestros y profesores los primeros en intentar hacer que las familias se comprometan a llevar a los niños al colegio. 

También se ha previsto que, en el caso de no obtener la respuesta adecuada, se recurra a la Jefatura de Estudios o a la Dirección de centro, además de a los Servicios Sociales Comunitarios y equipos técnicos. En esta etapa se advierte a las familias de las responsabilidades en que pudieran estar incurriendo. 

Los Servicios Sociales valoran la situación y pueden determinar las medidas a tomar, como por ejemplo con un plan de intervención psicosocial el menor y su familia y, llegado el caso, si estas medidas no surten efecto y se aprecia una posible situación de desprotección del menor, entonces se informa a la Fiscalía de Menores. 

Para coordinar las actuaciones, la Orden establece la creación de una Comisión Provincial de Absentismo, con presencia en este caso de los delegados de Educación y Deporte y de Igualdad, Servicios Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Inmaculada Troncoso y Antonio López, respectivamente. 

También forman parte de esta comisión representantes de la Policía Autonómica, de la Diputación, de los ayuntamientos, de las asociaciones de padres, de los colegios e institutos y de la Fiscalía de Menores. Entre sus funciones está la de decidir sobre las medidas a adoptar respecto del alumnado con el que se haya intervenido en los ámbitos escolar y social y, a pesar de ello, permanezca en situación de absentismo.