La Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel para F. E. A., acusado de un delito de abusos sexuales a menor de edad tras, supuestamente, acosar a una adolescente de 15 años. Según expone la calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso el Día, los hechos ocurrieron en el verano de 2017 en un municipio Córdoba.

La chica estaba acompañada de otro menor, hijo de la pareja de su padre, y el acusado los invitó a ambos a tomar un refresco. Pasados unos minutos, y con la intención de quedarse a solas con la chica, el procesado solicitó al otro menor que fuese a comprar tabaco en reiteradas ocasiones.

Expone la Fiscalía que fue la chica quien se ofreció a ir a comprarlo "con objeto de no quedarse a solas con el acusado", pero éste "la cogía del brazo y la sentaba en el banco diciéndole que era mejor que fuese el chico ya que ella no era del pueblo".

El Ministerio Público apunta que en todas las ocasiones que el acusado y la víctima se quedaron a solas, éste, "con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos", le tocó el pecho varias veces, tanto por encima como por debajo de la camiseta, así como las piernas y llegó a introducirle la mano por un roto del pantalón. También se manifiesta que el procesado le tocó la parte superior de las nalgas y le dio varios besos en la cara.

La menor intentaba apartarse en todo momento, pero dada su edad, las circunstancias que la rodeaban y ante el temor de que el acusado pudiera enfadarse, no fue capaz de decirle que la dejase.

Sobre las 2:30, aprovechando que el hombre se había levantado, la joven fue a buscar al menor que la acompañaba, anunciando ambos que se iban a casa, pero el acusado insistió para que se quedaran llegando a ponerse delante de ellos, si bien lograron finalmente abandonar el lugar.

La Fiscalía entiende que los hechos descritos son constitutivos de un delito de abusos sexuales a menores de 16 años y pide para el acusado tres años de cárcel y la prohibición de acercarse a menos de 100 metros o comunicarse con la víctima durante cuatro años.

También pide una medida de libertad vigilada durante cinco años y la inhabilitación para trabajar en cualquier empleo que conlleve el contacto con menores.