La Consejería de Salud y Familias ha destinado a la provincia de Córdoba casi 160.000 euros para financiar dos líneas de subvenciones en materia de consumo. Una de ellas está dirigida a la financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo y, la otra está destinada al desarrollo de programas en esta materia de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía.

Al respecto, la delegada del ramo en Córdoba, María Jesús Botella, ha señalado que se trata de “la apuesta del Gobierno de la Junta por este ámbito, en una sociedad en la que el consumo se ha convertido en un acto diario y universal y en donde resulta fundamental apostar por políticas de protección y defensa de los consumidores”.

De esta manera, se ha destinado un total de 60.485 euros se han dirigido al tejido asociativo provincial en una de las líneas de subvenciones, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó el pasado 26 de julio y en la que han concurrido Facua, Augusta, UCA Uce y Adicae.

Esta subvención tiene como objetivo la financiación de actividades de formación, educación y divulgación, dirigidas a las personas consumidoras y usuarias, consistentes en cursos, jornadas, seminarios, conferencias, exposiciones, talleres y actividades similares en materia de consumo, así como al mantenimiento de los servicios de asesoramiento o consultas, mediación y gestión de reclamaciones y denuncias en materia de consumo.

En el caso de la línea a entidades locales, cuya convocatoria se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se han destinado 99.202 euros para la provincia de Córdoba. El plazo de presentación finalizará el próximo 4 de octubre, pudiendo solicitar esta subvención las 21 Oficinas Municipales de Información al Consumidor y las dos Juntas Arbitrales de Consumo de Córdoba y provincia.

La subvención está destinada a incentivar el ejercicio de sus competencias propias en materia de consumo, apostando por la consolidación y ampliación de estos servicios, e impulsando su accesibilidad para la ciudadanía en todo el territorio andaluz.

Botella ha puesto de manifiesto que “desde la Junta de Andalucía y desde nuestro marco jurídico estamos impulsando la defensa y protección del consumidor a través de una mejora de la calidad de los bienes y servicios mediante un adecuado y efectivo control e inspección de éstos y garantizando a los ciudadanos una especial protección de los intereses económicos y sociales”.

En esta línea, la delegada territorial ha señalado que la protección se articula “a través de dos elementos básicos, nuestra actuación como administración pública y el fomento de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios”. Al respecto, ha indicado que “asumimos la importancia de la política de los consumidores como elemento esencial y prioritario para la consecución de la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos”.