El anuncio del Gobierno sobre reclamar a la Iglesia los bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público ha sido recibida con recelo por los agentes implicados. Varios partidos y colectivos mostraban ayer serias dudas acerca de esta medida que podría afectar, o no, al caso de la Mezquita de Córdoba. Desde IU, su coordinador provincial en Córdoba, Pedro García, acusó al PSOE de "decir una cosa y hacer la contraria" y dejó claro que "mi nivel de confianza de la relación entre el PSOE y la Iglesia es muy bajo", aunque, apostilló, "la esperanza es lo último que se pierde". García ya mostró su disconformidad, por ejemplo, con que el Ayuntamiento firmara el convenio con el Cabildo para continuar con las visitas nocturnas a la Mezquita. En su momento, el también primer teniente de alcalde calificó este hecho como una incongruencia, teniendo en cuenta que dicho convenio reconocía a la Iglesia como titular del monumento mientras se trabajaba en una comisión para reclamar su titularidad pública.

Aún así, el coordinador provincial de IU sí entiende que el paso dado por el Gobierno central es "de sentido común" y calificó las inmatriculaciones de la Iglesia, amparadas en la reforma de la Ley Hipotecaria de Aznar, como "uno de los expolios más grandes de la historia de Europa". Para que este anuncio llegue a buen puerto, García solicitó al PSOE "coherencia y responsabilidad", de manera que si a nivel nacional se plantea un cambio, el PSOE de Andalucía y Córdoba "no hagan lo contrario".

La plataforma pide que se reclamen los bienes de manera global y no uno por uno

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, José María Bellido, fue más allá. Para Bellido, este anuncio y la postura mantenida por PSOE e IU hay que observarlos desde el marco "del inicio del curso político" y con el hecho de que "no tienen otra cosa de la que hablar". Además, acusó al propio Pedro García y a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de estar inmersos en "un concurso" para ver "quién dice la barbaridad más grande" y así "contentar al electorado de la extrema izquierda".

Sobre la posibilidad de que la Mezquita sea pública a raíz del anuncio del Ejecutivo, Bellido se mostró claro: "No va a haber ninguna reclamación porque no tiene sentido" y recordó que "para que un bien sea de dominio público tiene que ser del Estado". Con ello, señaló que existen informes, por ejemplo, de la Asesoría Jurídica que deja que claro que "la Mezquita nunca ha sido del Ayuntamiento" y también apuntó que "desde que hay Catastro, la Mezquita está a nombre de la Iglesia". Para el popular, "si hubiera un resquicio para reclamar la titularidad", éste "ya se habría utilizado".

Opinión muy diferente fue la que mostró el portavoz de la plataforma Mezquita-Catedral, Miguel Santiago, quien recordó que "ha sido el Estado" el que ha mantenido el monumento a lo largo de los años. En cuanto a su visión de cómo podría avanzar este anuncio del Gobierno central, Santiago pidió que se dé "una respuesta global" a todos los bienes inmatriculados, que situó en unos 40.000. Para la plataforma, reclamar esos bienes uno por uno sería una tarea prácticamente imposible, dada la cantidad que se reseña, por lo que se habló de generar una normativa para que todas las inmatriculaciones amparadas en la reforma de la Ley de la Hipotecaria de 1998 "queden sin efecto".

Eso sí, Santiago advirtió de que con políticas como éstas hay que "ser valientes" e instó al Congreso a "moverse" para que puedan reclamarse todos esos monumentos y esos bienes. Con ello, el portavoz de la plataforma insistió en que si la Iglesia "pudo hacerlo de manera globlal" -inmatricular-, la solución estaría en la misma línea. De hacerse uno a uno, señaló, podría aparecer que algunos bienes no tengan el título de dominio público y se desechara su reclamación, de ahí que añadiera que "tenemos que ser muy lúcidos".'