El ente Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), dependiente del Ministerio de Foment ha recurrido a la Audiencia Nacional para reclamar ahí al Ayuntamiento de Córdoba los 20 millones de euros de las expropiaciones que se hicieron para ampliar la pista del aeródromo cordobés en 2007. No es la primera vez que Aena reclama este dinero al Ayuntamiento, si bien sí es nuevo que se llegue hasta la Audiencia Nacional.

Ha sido el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, quien ha informado de este asunto y quien ha reprochado que esta reclamación se debe a “la improvisación, dejadez e indolencia” del gobierno municipal que en su día liderara como alcaldesa Rosa Aguilar, por aquel entonces en IU (2008). Fue durante ese gobierno cuando se firmó un acuerdo con Aena que nunca llegó a hacerse efectivo.

En cualquier caso, y según Fuentes, el objetivo del cogobierno actual es ir a los tribunales e intentar que las arcas municipales no tengan que sufragar un pago tan abultado, todo según las previsiones de la asesoría jurídica del Consistorio.

Antecedentes

En el mes de julio de este mismo año la junta de gobierno local desestimó la reclamación económica millonaria planteada al Ayuntamiento por el ente público. En esa ocasión quien informó fue el concejal delegado de Presidencia del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, quien ya detalló que esa Aena podría acudir o no a los tribunales, si entendiera que la misma “no se ajusta a derecho”.

la reclamación se apoya “en un convenio viciado firmado en 2007, siendo alcaldesa Rosa Aguilar”, entonces de IU, que se suscribió “contra el criterio del PP”, entonces en la oposición, postura ésta contraria a dicho acuerdo que mantuvo el PP después, entre 2011 y 2015, desde el gobierno municipal, en cuanto que el Ayuntamiento asumiera el coste de la expropiación de los terrenos precisos para ampliar el Aeropuerto.

En cuanto a los argumentos jurídicos esgrimidos ahora por el gobierno local para mantener esa postura, Torrico ya señaló que “el convenio marco de 2007 tenía que haber sido objeto de desarrollo en convenios específicos”, en cuanto a “las obligaciones del Ayuntamiento respecto a las expropiaciones, pero no se hizo así”.