La pérdida de empleo no es un asunto exclusivo de la empresa privada. La crisis y sus efectos también se han notado en la administración pública, donde se ha perdido empleo y el número de funcionarios sigue todavía alejado de los niveles previos a la crisis. Así según el último informe del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, referido a enero de este año, refleja que en Córdoba había un total de 43.222 funcionarios, lo que supone un 10% menos que hace una década, en enero de 2009, cuando la cifra era de 47.972 empleados públicos. En números generales se trata de 4.750 trabajadores menos.

La práctica congelación de las convocatorias de empleo durante la crisis y el hecho de no cubrir las bajas que se han producido durante estos años, tanto por jubilación como por otros motivos, son las principales causas de que la cifra haya descendido en este tiempo. Es cierto en los últimos ejercicios se han empezado a convocar ofertas –como la convocatoria al cuerpo de maestros, que en Andalucía ha recuperado este año un número significativo de plazas– pero en la mayoría de los casos se trata de procedimientos que se alargan en el tiempo y se tardará por tanto en ver el impacto.

Estos más de 40.000 funcionarios se dividen en las distintas administraciones públicas, desde la estatal a la local, además de las universidades. La estadística del Ministerio de Hacienda refleja que es la Junta de Andalucía la que acumula un mayor número de funcionarios, algo más de la mitad, con 23.512 empleados. Esta cifra, sin embargo, es inferior a la registrada hace una década, cuando eran 26.108 los funcionarios que prestaban servicio en la administración autonómica. Esta diferencia supone un descenso del 9,9%, aunque la Junta no es la institución que más merma ha sufrido.

A la cabeza en pérdida de empleo público están los ayuntamientos, que se han quedado sin un 12% de su personan en los últimos diez años. Así, si en 2009 eran 11.301 los funcionarios empleados en las corporaciones locales, ahora esa cantidad asciende a 9.924. Los ayuntamientos, a título individual y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se han quejado de manera insistente en los últimos años de la pérdida de trabajadores que estaban sufriendo y que eran la administración con más restricciones a la hora de contratar, a pesar de tener las competencias que mayor impacto tienen entre los ciudadanos, desde el transporte público a la limpieza. La ley de bases de régimen local redujo de manera significativa las posibilidades de contratación en los ayuntamientos, con una tasa de reposición muy limitada y solo en determinadas áreas.

En los últimos cuatro años han sido constantes las voces de alarma por parte del Ayuntamiento de Córdoba sobre la precaria situación, por ejemplo, de Policía Local y Bomberos, agravada por el adelanto de la edad de la jubilación. El Consistorio, sin embargo, tiene varios procesos de selección de personal en marcha.

En el extremo opuesto está la administración estatal que, aunque también ha perdido masa laboral, no lo ha hecho de manera tan acusada como ha pasado en la Junta y los ayuntamientos. Así, la administración central ha pasado de 8.528 funcionarios a 7.897 empleados, un 7% menos. En el mismo porcentaje se sitúan las universidades, que en el caso de Córdoba también han perdido empleo, pero también menos que otras administraciones. Así, el personal empleado en la institución académica ha pasado de 2.035 funcionarios a 1.889 en la última década.

En la administración estatal, la mayoría de los empleados públicos se ubican dentro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En la Junta de Andalucía, sin embargo, el personal se reparte sobre todo entre el cuerpo de maestros y profesionales sanitarios. Solo una mínima parte (algo más de 2.000 personas) pertenecen al personal de las distintas consejerías y organismos de la administración autonómica.