Adelante Andalucía ha registrado una pregunta en el Parlamento para recabar información sobre una transferencia bancaria emitida desde la Junta de Andalucía a la Fundación Guadalquivir Futuro.

El parlamentario de Adelante Andalucía por Córdoba, David Moscoso, ha recordado que la Fundación Guadalquivir "ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Inspección de Trabajo y del Servicio Andaluz de Empleo, por distintas irregularidades conocidas a través del Parlamento de Andalucía, los juzgados y los medios de comunicación".

Podemos Andalucía ya denunció en noviembre de 2016 a dicha entidad, y sus asociaciones satélites, por considerar que se podrían haber cometido delitos en la gestión de fondos públicos destinados a la contratación de personas en situación de vulnerabilidad social.

Varias sentencias por la vía de lo social han determinado que esta fundación cometía mordidas a los trabajadores de la Fundación, ante lo cual las mismas dictaminaron que la entidad reintegrase la parte justificada de los salarios de los trabajadores de los que se había apropiado.

Además, según Adelante Andalucía, la citada Dirección General no contaba con programas para financiar este tipo de organizaciones, sólo a Ayuntamientos.

La Dirección General no contaba con programas para financiar a entidades como la Fundación Guadalquivir

Moscoso ha añadido que en el marco del proceso judicial abierto se requirieron determinadas pruebas periciales a la policía judicial y afloró un informe de la contabilidad de la entidad en el que aparecía que la Dirección General de Administración Local y Relaciones Institucionales ingresó 11.638,97 euros en la cuenta de la fundación. Una cantidad que supuestamente nunca se declaró.

Según ha expuesto Moscoso, "el caso es que una cantidad exacta sí coincide con otra ayuda oficial que la Junta de Andalucía concedió a la Fundación Guadalquivir tres meses después, y que se publicó en el BOJA en 2016 vinculado a un proyecto que se llamaba Consolidación del Banco de Alimentos, aunque en este caso la Dirección General que la concedió era Participación Ciudadana y Voluntariado, no Administración Local".

"Esto nos genera dudas sobre la tramitación de la transferencia emitida aparentemente sin adscripción a proyecto y orgánica administrativa, y por ese motivo desde Adelante Andalucía hemos preguntado al Consejero del ramo si es legalmente posible que la Junta pague una cantidad antes de que el cargo público que la gestiona ponga su firma y su sello en el proyecto y, en su caso, si esta transferencia a la que aludimos, realizada el 29 de diciembre de 2015, contó con todas las autorizaciones pertinentes de la Junta de Andalucía?", ha añadido Moscoso.