F. O. R., el hombre que se enfrenta a cuatro años de prisión por estafar supuestamente con la venta de seis edificaciones ilegales en Obejo, negó ayer durante el juicio que engañara a los propietarios, que luego tuvieron que derribar las viviendas, e insistió en que les dijo antes de la compra que el suelo era "rústico" y en que eran "ilegales". "Ellos cuando las compraron lo sabían", explicó el procesado a preguntas del fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro.

Las edificaciones objeto de la polémica fueron las primeras que se demolieron en Córdoba, el 19 de diciembre del año 2007, por orden judicial. Según el relato del fiscal, F. O. R. vendió a partir del año 2004 seis edificaciones de la parcelación de Pedrique que constaban de una vivienda y de una piscina, a pesar de que dichas obras se realizaron sin petición de licencia municipal y que, al ser promovidas sobre suelo rústico no urbanizable, fueron objeto de un expediente sancionador.

En dicho documento, que se dictó el 22 de junio de 2004 y que se notificó al acusado, se ordenaba la inmediata suspensión de las obras y advertía de que las casas podían ser objeto de demolición. F. O. R., según el fiscal, hizo caso omiso a estas advertencias y "con ánimo de ilícito beneficio" vendió las parcelas. Los compradores las adquirieron confiando en que en un futuro no se iba a producir ningún problema con la viabilidad de las edificaciones y que en ningún momento serían demolidas.

"Yo las vendí informando de lo que había ocurrido y de que había una denuncia en el juzgado, pero nunca pensamos que se fuera a derribar", aseguró el promotor. Explicó, además, que se comprometió con los clientes a asumir las posibles sanciones administrativas derivadas de la construcción de las casas en suelo rústico y destacó que nunca recibió el decreto del Ayuntamiento alertando de la paralización y el derribo. "En aquel momento nadie pensaba que aquello se iba a demoler, y después se ha seguido construyendo", dijo el encartado.

F. O. R. relató que un agente de la Policía Local "se pasaba todas las semanas" por la zona y les decía que aquello era ilegal, "pero nunca que lo iban a demoler". "Allí construía todo el mundo", alegó el promotor. El Juzgado de lo Penal número 1 condenó al acusado por un delito contra la ordenación del territorio el 7 de noviembre de 2007, de modo que se procedió a la demolición de las citadas viviendas en diciembre de ese mismo año.

Dos excavadoras de la empresa Execor contratadas por la Junta de Andalucía llegaron a la urbanización a las 10:00. Media hora más tarde, una de las máquinas empezó a demoler la primera vivienda ante la mirada atenta de su propietario. A lo largo de la mañana las máquinas redujeron a escombros las otras cuatro casas. Como consecuencia de la demolición, dos de los compradores hicieron frente a gastos por un importe de más de 3.100 euros, cantidad que reclaman junto con la totalidad del precio de adquisición abonado. Los otros afectados solicitan la devolución íntegra de la cantidad que abonaron para la compra de las viviendas.

Uno de los afectados dijo que el encartado "en ningún momento" informó de que las viviendas eran ilegales. Los compradores dieron "por supuesto" que contaban con todos los permisos debido a que en la zona había "otras construcciones". Dijeron, además, que el procesado "negó lo evidente" incluso cuando ya existía la sentencia condenatoria. "Si hubiera sabido que era ilegal, no lo compro", dijo.