Varios representantes de las parcelas en urbanizaciones de Encinares de Alcolea, Las Jaras, Los Llanos de Arjona, Paraíso Arenal y Santa Ana de la Albaida han pedido una reunión "urgente" al alcalde, José María Bellido, así como con el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, y el delegado de Infraestructuras, David Dorado. Todo ello, han destacado, para que "de forma escalonada y en un tiempo que no debe ser superior a un ejercicio de un año, asuma la prestación de los servicios públicos básicos que son de su competencia".

Según estos representantes vecinales, el Ayuntamiento está "obligado" a otorgar estos servicios "a tenor de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, señalada esta competencia entre otros en los artículos 25 y 26 de la citada Ley 7/1985 de 2 de Abril".

Desde estas entidades de conservación en suelo urbano consolidado han insistido que la prestación de estos servicios "son una condición insoslayable de los ayuntamientos, en la que la participación de los particulares en la conservación y el mantenimiento debe ser muy concreta en el tiempo y examinándose en cada momento las condiciones, términos y circunstancias".

Los vecinos han asegurado que llevan sufragando los gastos de prestación de servicios públicos y conservación y mantenimiento incluso con anterioridad a la recepción provisional de las obras de urbanización. Unas prestaciones, han añadido, que se han realizado de forma voluntaria, a fin de que no se deteriorasen sus propiedades "como consecuencia de la dejación y falta de intervención de la administración municipal".

Los integrantes de estas entidades han nombrado sentencias del Tribunal Supremo (TS) para aclarar que "la obligación de los particulares queda bien defina en la ley y sus reglamentos, no estableciéndose en ningún momento la prestación de los servicios por los particulares".