El teniente de alcalde delegado de Presidencia del Ayuntamiento, Emilio Aumente, informó ayer de que la Gerencia de Urbanismo tendrá que "reformar y casi comenzar de nuevo" el Plan Especial de la Carretera de Palma del Río, después de haber recibido ya la última sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica la anulación de una parte del plan que afecta a las naves de la antigua Colecor que construyó sin licencia el empresario Rafael Gómez en 2005.

La Junta de Gobierno Local ha tomado conocimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que se inadmite el recurso de casación contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en su recurso contra el acuerdo de aprobación definitiva del citado plan especial de protección y ordenación, de manera que hay que cambiar los artículos referidos a la superficie y los usos permitidos en las naves, con la demolición de parte de las mismas.

Según explicó el edil, "en la cantidad de metros cuadrados que estaban previstos de demolición habrá que modificar y abrir completamente el plan especial y hacer otro enfoque distinto de las naves de Colecor". La sentencia supone "lo mismo que todas las sentencias que han llegado del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", aunque remarcó que "la importante fue la primera, porque prácticamente anuló una parte importante del plan especial".

Mientras, indicó que "el plan no se ha modificado en la corporación local anterior ni en esta", a la espera de que estuvieran todas las sentencias en este caso. Así, cree que "ya sí se podría acometer de forma definitiva la nueva redacción del plan", porque "ya no quedan más temas pendientes en el Tribunal Supremo", según señaló.

En relación a la multa pendiente de unos 20 millones de euros del empresario Rafael Gómez por dichas naves, Aumente admitió que "dadas las características y la situación que hay ahora es muy complicado cobrarla". La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, aseguró por su parte que "en ningún caso" se desiste de cobrarla por el servicio de recaudación y, de hecho, "se hacen embargos puntuales" que han permitido que "ya se han cobrado en algunos casos pequeñas cantidades", indicó.

La junta de gobierno local también aprobó ayer la creación de la comisión de seguimiento del proyecto Edusi-Córdoba, que "pretende establecer mecanismos de información y comunicación con los representantes de la ciudadanía sobre la ejecución de los proyectos que tome esta estrategia", según explicó la edil de Hacienda.