Tras un profundo estudio por parte de los servicios jurídicos de UGT en Córdoba ha presentado un recurso contencioso administrativo contra las órdenes de 8 y 23 de noviembre de 2020, "que niegan a los profesionales de la Sanidad Pública en Andalucía la incorporación a sus destinos obtenidas por concurso oposición y concurso de traslados". Así, UGT entiende que ambas órdenes "restringen, desproporcionadamente en tiempo y forma, el derecho fundamental a la incorporación a los destinos adjudicados según las convocatorias de OEP y traslados del SAS".

Durante una concentración en la delegación de Salud en Córdoba, el sindicato ha asegurado que, además, el RD 926/2020, de 25 de octubre, que declaró el actual estado de alarma, "no prevé suspensión alguna de los plazos administrativos ni de la tramitación de los procedimientos en el sector público". UGT rechaza la negación al derecho a tomar posesión de sus plazas "por no existir justificación alguna, objetiva y razonable", para ello. Según sus datos, son más de 30.000 profesionales los afectados por el retraso acumulado.

UGT ha recordado de que en agosto de 2019 se publicaron las convocatorias de los traslados y en el caso de los concursos oposiciones, algunas convocatorias son del año 2016 (médico de familia, enfermería, celadores y conductores) con lo que ya hay "cuatro años de retraso que sufren muchos profesionales del SAS o candidatos que siguen engrosando las listas del paro año tras año y personas que continúan sin poder planificar su vida o siguen sufriendo unas dificultades económicas".

El sindicato califica de "excusa rancia que no se la cree nadie" que la Junta asegure que la situación se resolverá "en tanto finalice la situación excepcional derivada de la evolución de los datos de asistencia y epidemiológicos de la pandemia". Para UGT "sólo nos queda utilizar la vía legal y es lo que UGT ha realizado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al igual que un Contencioso Administrativo contra la Orden de Noviembre, aun vigente".

Este "ataque franco" a los derechos más básicos responderá a los intereses de los que “mal gestionan” el sistema desde la consejería de Salud y Familias con las premisas de "no estabilizar a los profesionales, no a la carrera profesional, no a la subida salarial a todos por igual, no a la libertad de movimientos en el sistema sanitario público, no a la actualización de los listados de la bolsa del SAS y sí a la ausencia de transparencia en la contratación pública". 

La "agresión a los derechos" de casi 120.000 trabajadores del Sistema Sanitario Público en Andalucía por parte de ambas órdenes "es una razón más que suficiente para que continuemos con las movilizaciones por parte de UGT, aunque nos entristece que el resto de se hayan retirado".

Por último, han asegurado de que "la dureza de una pandemia es innegable, pero no puede justificar la incapacidad de la Administración para gestionar lo más básico: procesos de movilidad, vacaciones, licencias y permisos de los profesionales; bolsa de trabajo transparente con listados actualizados y carrera profesional para todos".