Universidad

La UCO pone coto al fraude

  • La institución académica aprueba una declaración para prevenir y detectar cualquier tipo de estafa con el uso de fondos

Investigadores de la UCO en un laboratorio

Investigadores de la UCO en un laboratorio / El Día

La Universidad de Córdoba (UCO) no quiere que en su seno se cometa ningún tipo de fraude. Para ello, ha aprobado una declaración institucional sobre política contra el fraude en el último consejo de gobierno. En ella, pretende mostrar “su rotunda oposición al fraude y a la corrupción en lo concerniente a la gestión de fondos tanto procedentes de la Unión Europea (UE) como de cualquier otra procedencia”.

En la citada declaración, la institución académica muestra su confianza en que con ella “todos los miembros de la comunidad universitaria asuman también este compromiso y promuevan una cultura que ejerza un efecto disuasorio para cualquier tipo de actividad fraudulenta”.

La prevención es el punto de partida para ello, al que se suma la detención, así como el desarrollo de procedimientos que “faciliten la investigación del fraude y de los delitos relacionados con el mismo para garantizar que tales casos se abordan de forma adecuada”. Además, habilitará un procedimiento para detectar las situaciones de conflicto de intereses.

Con ello, deja claro que “la UCO adopta una política de tolerancia cero con el fraude y la corrupción y, además cuenta con un sistema de control diseñado para prevenir y detectar, dentro de lo posible, cualquier actuación fraudulenta y, en su caso, subsanar sus consecuencias”.

Es la gerente de la institución académica, Luisa Rancaño, quien ofrece más detalles acerca de la aplicación de esta medida y señala a el Día que se ha adoptado porque la Universidad “como beneficiaria y gestora de fondos procedentes de la Unión Europea debe adoptar medidas proporcionadas y efectivas para la prevención del fraude”. Una de estas medidas, aclara, es de carácter voluntario y no es más que la propia realización de declaraciones políticas contra el fraude.

Rancaño añade que el objetivo principal es el de “plasmar un posicionamiento de la institución contra el fraude mediante una declaración política que permita transmitir dentro y fuera de la institución una postura oficial respecto al fraude y la corrupción”.

El actual equipo de gobierno no ha detectado ningún tipo de fraude hasta la fecha

La gerente deja bien claro que “en la actualidad se ha procedido de la manera establecida legalmente, mediante los controles establecidos por los propios responsables de la gestión” y subraya que, por el momento, “la UCO gestiona de manera eficiente sus recursos y en el periodo del actual equipo de gobierno no se ha detectado ningún tipo de fraude debido a los controles que se realizan desde los propios responsables de la gestión, funcionarios con extraordinaria experiencia y destacables valores éticos”.

La gerente aclara que la declaración se realiza también como una exigencia por parte de la Unión Europea en la gestión de fondos. “Entendemos que esta misma posición deberá ser adoptada por el resto de universidades, que igual que la UCO gestionan fondos europeos”, añade.

Pero, ¿a quién afecta esta medida? Pues, según Rancaño, “fundamentalmente a cualquier empleado público que gestiona fondos, en este caso, europeos”. Un ejemplo de ello es el hecho de que los proyectos de la UCO han obtenido 50% más de financiación de la UE en el último ejercicio, y su valor ha alcanzado los 4,2 millones de euros.

Para controlar que los fondos se gestionan de la manera más adecuada por parte de los investigadores y del personal de la UCO, Rancaño destaca que se ha constituido una comisión “cuyo primer objetivo será determinar el alcance de estas medidas y su seguimiento adaptadas a la Universidad en función de los riesgos específicos”.

La gerente detalla que “los riesgos mas frecuentes” de que se cometa algún tipo de delito en el seno de la UCO “son comunes a todos los organismos que gestionan fondos públicos y vienen determinados en documentos específicos elaborados desde las instituciones con competencias y algunos han sido desarrollados por la propia Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación como organismo intermedio y son los referidos a contratación administrativa, conflictos de intereses y certificación de costes”.

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