Cuatro miembros de la organización Stop Desahucios han recibido notificación formal por la que se les abre un expediente sancionador por parte de la Subdelegación del Gobierno como consecuencia de una protesta celebrada ante una entidad bancaria, Cajasur, mientras presionaban con una concentración para evitar que una familia fuese desalojada de su vivienda por un impago hipotecario.

Fuentes de la organización explicaron que los cargos que se le atribuyen, de carácter administrativo, son los de realizar una concentración en la vía pública sin haberlo comunicado previamente a la institución oficial. En estos momentos está abierto el periodo de alegaciones y de pruebas aunque se enfrentan a una sanción económica mínima de 300 euros y máxima de 6.000, según las circunstancias que se den en el caso tras el examen que tiene que realizar un instructor.

Stop Desahucios ha organizado una protesta hoy ante la Subdelegación del Gobierno ante lo que consideran que es una decisión represiva. Un portavoz de la entidad afirmó que, efectivamente, entre el 16 y el 18 de junio realizaron concentraciones frente a la sucursal bancaria como han realizado en otras ocasiones para favorecer los intereses de las familias afectadas. De hecho, afirman que sus acciones se convocan de urgencia y no se comunican porque la necesidad de una respuesta rápida es importante para las personas que se encuentran en una situación de desalojo. Esa es la razón, dicen, por la que no se comunican las concentraciones.

En segunda instancia, Stop Desahucios sostiene que en la protesta que ha motivado el expediente no implicó ni el corte de tráfico de la zona en la que se realizó la concentración ni problemas de orden público. "Nuestras acciones son siempre pacíficas como corresponde al carácter de nuestro movimiento", explicó el portavoz que aseguró que no ha habido ningún tipo de problemas en las protestas que se vienen llevando a efecto. Estas reuniones sirven para presionar a la entidad financiera mientras las personas objeto del desahucio negocian con los empleados del banco acompañados de los abogados que también se les proporcionan. Lo habitual es reclamar la negociación con el cliente, instar a la dación de la vivienda en pago de la totalidad de la deuda pendiente y la realización de un alquiler social hasta que la familia equilibre sus ingresos.

Stop Desahucios asegura no entender cómo es posible que se abran expedientes sancionadores contra un movimiento que está siendo felicitado pública y privadamente por otras organizaciones que trabajan por los colectivos desfavorecidos y que es reconocido como un interlocutor en el problema de las personas que se quedan sin casa.