Córdoba

Profesores universitarios rechazan el informe histórico sobre la Mezquita-Catedral

  • Los docentes sostienen que el documento "carece del mínimo rigor exigible a supuestos expertos en estas materias"

Detalle de la Mezquita-Catedral

Detalle de la Mezquita-Catedral / El Día

Más de cuarenta profesores de Universidad de toda España, casi todos de Historia Medieval, han mostrado su "desacuerdo" con los argumentos de carácter histórico que la comisión municipal de expertos encargada por el Ayuntamiento de Córdoba ha expuesto contra la titularidad por parte de la Iglesia de la Mezquita-Catedral.

En el manifiesto, firmado por académicos de Historia, catedráticos de Universidad, profesores titulares de la misma e investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), estos han sostenido que el informe del Ayuntamiento cordobés "carece del mínimo rigor exigible a supuestos expertos en estas materias".

"No es fácil dar respuesta de manera sencilla y breve al contenido histórico del informe encargado por el Ayuntamiento de Córdoba a un pequeño número de supuestos expertos para dictaminar acerca de la propiedad de la Catedral o Mezquita-Catedral de esa ciudad", arranca el texto, en el que reconocen que no es su "misión intervenir en esta cuestión desde el ángulo jurídico, mucho menos desde el político".

Asimismo, descartan "enjuiciar las motivaciones últimas de esta Comisión municipal", si bien difieren de "los argumentos de carácter histórico", pues a su juicio "carecen del mínimo rigor exigible a supuestos expertos en estas materias".

"Hemos de denunciar también de forma pública la utilización que el informe pretende hacer de la Historia, aprovechándose del prestigio obtenido por los verdaderos cultivadores de nuestra disciplina, tanto de la Edad Media española como, muy especialmente en este caso, de la andaluza", continúa el texto, que reconoce que la Mezquita-Catedral "incontrovertiblemente ha sido un templo católico durante los últimos ochocientos años, sin contradicción de ninguna administración ni poder público".

En este sentido, sostienen los firmantes que no pueden "permitir que se afirme que el edificio no ha pertenecido o que ha dejado de pertenecer en algún momento a la Iglesia católica", y afinan que es así "desde el mismo momento de la conquista de la ciudad por Fernando III de Castilla y León en 1236".

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