La empresa municipal Procórdoba tendrá que plantearse alternativas de financiación de cara a hacer frente a las pérdidas de unos tres millones de euros registradas durante el pasado año, que ayer fueron estudiadas por el consejo de administración de la sociedad pública. En tres meses, aseguró el presidente de Procórdoba, Andrés Ocaña (IU), la empresa tendrá que presentar un informe financiero para dotarse de un plan de cara a obtener la estabilidad económica de la que ahora carece por efecto de gastar más de lo que ingresa por la venta de aprovechamientos urbanísticos.

Según lo debatido en el consejo, con el apoyo técnico de la Intervención Municipal, el primer escenario sería el establecimiento de un plan de saneamiento orientado a establecer una programación de ingresos y gastos con la que remontar la situación. La segunda opción, puramente contable, sería la realización de una operación de capital que movilizara fondos que actualmente no están disponibles para la empresa pública.

La razón de este movimiento se encuentra en la normativa sobre estabilidad financiera de las administraciones y unos nuevos criterios europeos que obligan a las administraciones públicas a controlar el gasto. Esta norma está generando no pocos problemas en todas las instituciones públicas puesto que su falta de definición levanta cierta perplejidad entre los gestores de los ayuntamientos españoles.

El informe de gestión de la sociedad municipal advierte de que es necesario vender suelo por valor de 69 millones de euros, ya que tiene que asumir 44 millones en gastos no imputados. El problema radica en que ello obligaría a que los terrenos alcanzaran un valor de mercado un 175% por encima del valor de tasación. El portavoz popular, José Antonio Nieto, advierte de que las tendencias del mercado inmobiliario son las de la desaceleración y que, este año, Procórdoba ha vendido aprovechamientos con una plusvalía sobre la valoración inicial de un 40%. Un segundo problema radica en las grandes ventas que se prevén para 2008 podrían no estar concretadas durante este ejercicio por el desarrollo de los planes parciales en los que están inmersos. Además, se trata de actuaciones que se encuentran en lugares de la ciudad donde los hallazgos arqueológicos están dificultando la gestión urbanística normal de los planes parciales.

Un tercer condicionante de esta empresa es que su patrimonio ha menguado, si bien aún sigue siendo uno de los grandes tenedores de suelo de la ciudad de Córdoba, lo que se mantiene como un recurso codiciado en el mercado inmobiliario. Esta serie de activos, sin embargo, también le hacen responsable de las grandes inversiones municipales. Este año, por ejemplo, la venta de aprovechamientos urbanísticos industriales tiene que financiar el préstamo de 14 millones de euros que servirá para desarrollar la adquisición de suelo para ampliar el aeropuerto o la aportación municipal para el inicio de las obras del Palacio del Sur.

Ayer, Procórdoba adoptó las primeras medidas de cierta contención del gasto. Ante el consejo, se planteó que determinados aprovechamientos que, en principio, estaban destinados a protección oficial, se gestionen en el mercado de renta libre mediante operaciones urbanísticas. La razón estriba en los fuertes costes arqueológicos que se han tenido que asumir que, prácticamente, hacen inviable el desarrollo de una promoción de precio tasado.