En los plenos municipales, como el del Ayuntamiento de Córdoba, es normal la aprobación de mociones que no dejan de ser una mera declaración de intenciones y que finalmente son papel mojado, al escaparse de las competencias locales. Muchas de esas mociones son peticiones que se realizan a otras administraciones como el Gobierno central o el de la Junta de Andalucía. Una de esas que parece llamada a correr esa suerte tuvo ayer el honor de ser la primera demanda que el Ayuntamiento le hace al recién estrenado gobierno socialista de Pedro Sánchez.

La propuesta llegó al Pleno de la mano de uno de los grupos del cogobierno, el socialista, y fue enmendada por Ganemos Córdoba, enmienda que también fue aprobada. Por esa moción se insta al Gobierno central y a los grupos parlamentarios del Congreso a iniciar el proceso para que se deroguen aquellos preceptos de la Ley de la Administración Local que impiden e imposibilitan a los ayuntamientos prestar sus servicios con calidad, desarrollar sus competencias y su autonomía local.

La enmienda aprobada de Ganemos Córdoba va más allá e insta al Congreso de los Diputados para que el Gobierno de la Nación proceda a la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución efectuado en 2011, "devolviéndolo a su redacción anterior". Y también insta al Congreso para que el Gobierno proceda a la redacción de una nueva ley que regule las administraciones locales y agilice los trámites para la pronta derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de aquellos artículos de la Ley de la Administración Local que afecten directamente a los ayuntamientos.

La portavoz del PSOE, Carmen González, insistió en que esta ley "ataca y daña a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos". Mientras el PP -grupo que se abstuvo a la hora de votar la moción-, por boca de su viceportavoz, Salvador Fuentes, insistió en que la petición de la derogación de la ley supondría "una irresponsabilidad" dado que, a juicio de su partido, "es una ley que vino a resolver el problema de las competencias impropias de los ayuntamientos y a dar estabilidad económica a los ayuntamientos". "Con la enmienda hemos pretendido ir más allá, porque a más municipalismo, más democracia", sentenció la coportavoz de Ganemos María de los Ángeles Aguilera.

No es la primera vez que el Pleno aprueba una moción en este sentido. Ya lo hizo en noviembre de 2015 y en mayo de 2016. Eran tiempos en los que quien gobernaba en la Moncloa era el PP. Si se tira de hemeroteca se verá que los discursos de unos y otros han variado algo en este sentido dependiendo de quien estaba y está al frente del Gobierno central, hasta cierto punto lógico, ya que se trata de algo que a veces el ciudadano de a pie no alcanza a entender y que forma parte del juego político. Como ayer no acertaron a comprender los capitulares de Ciudadanos (Cs) y el PP ese desbocamiento de la edil de IU Alba Doblas, cuando en la defensa de la postura de su grupo respecto a la moción sacó a la palestra la corrupción del PP con las sentencias de la trama Gürtel y de la financiación del partido en Valencia mientras los ediles de las formaciones naranja y azul hacían gestos como de no saber a qué venía ese discurso justo cuando todo el Pleno se estaba desarrollando con el buen rollo propio de haber consensuado todas las mociones, excepto la que se debatía. Doblas llegó a pedir al PP que pidiera perdón por ser un partido condenado por corrupción por la justicia. Es lo que tienen los plenos que se retransmiten por la televisión municipal, que hay que darlo todo hasta en las mociones con pinta de papel mojado.