Finalmente se cumplió el guión y el Pleno aprobó -con los votos a favor del PSOE, IU y Ganemos- el dictamen elaborado por la comisión de memoria histórica que establece, entre otras medidas, la retirada de 15 calles por su vinculación con el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista, según el criterio de la comisión. Ciudadanos y UCOR se abstuvieron y el PP reprodujo el voto que en su momento dio en ese grupo de trabajo, es decir, a favor de las exhumaciones, de los lugares de la memoria y de diez calles y en contra de cinco vías que, a su juicio, no estarían afectadas por la ley de memoria democrática. Esta son: José Cruz Conde, avenida Conde de Vallellano, plaza de Cañero, cronista Rey Díaz y José María Pemán. Para el cogobierno y Ganemos lo de ayer fue un "hito histórico" y un momento de celebración de la ciudad. Para la oposición, no había tantos motivos festivos porque se estaba imponiendo un criterio con el que no está de acuerdo gran parte de la ciudad. El debate, pese a las posiciones tan enfrentadas, discurrió en un tono tranquilo solo roto por algunas intervenciones del público asistente a la sesión, que ayer fue muy numeroso. Hasta 12 intervenciones hubo en los puntos que trataban esta cuestión: la propuesta de iniciar un referéndum presentada por el PP -que fue rechazada- y el propio dictamen, donde también se dijo que no a las enmiendas de los populares para sacar del documento las cinco vías en las que no había consenso y para buscar fórmulas "creativas" a la hora de renombrar las calles.

En el primero de los debates, el relativo al referéndum, el portavoz del PP, José María Bellido, defendió que su grupo no está en contra de la aplicación de la ley de memoria histórica, sino en la forma de hacerlo, ya que consideran que esos cinco nombres no recibieron las calles por su participación en el golpe o la dictadura, sino por su labor por Córdoba. "Creemos que estas vías no están afectadas por la ley", argumentó Bellido, quien apeló al reglamento de Participación Ciudadana y a la ley andaluza de consultas populares, así como un informe del secretario del Pleno para defender la consulta popular. Los populares entregaron más de 8.000 firmas al secretario del Pleno que, a su juicio, avalan el rechazo de la ciudad a esta modificación.

El portavoz de IU, Pedro García, aseguró por su parte que la ley no se puede someter a referéndum y comparó esta consulta, aunque sin nombrarla, con la situación en Cataluña, donde se enviaron a las fuerzas policiales para evitar la consulta ciudadana. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, insistió en que "no tiene sentido" un referéndum y que ya hay interpretaciones judiciales que avalan la retirada de calles como conde de Vallellano. El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, defendió la "unanimidad" de la mayoría de la comisión de memoria histórica y propuso que se abra un proceso participativo para renombrar a las calles, pero que se opte por darle el nombre de "mujeres de cultura y de paz".

Desde Ciudadanos, el edil José Luis Vilches propuso la retirada del punto hasta que la Junta de Andalucía desarrolle el reglamento que unifique los criterios para aplicar la ley de memoria histórica, aunque fue rechazado. Vilches criticó también que la recogida de firmas iniciada por el PP "no contribuye a la reflexión", en otra muestra más del interés de la formación naranja de distanciarse de los populares, y apeló al consenso. El edil de UCOR, Rafael Serrano, pidió que el "pueblo de Córdoba pueda expresar su sentido".

Con el referéndum ya descartado, se pasó al debate sobre la aprobación del dictamen al completo. Hasta ocho personas intervinieron en este punto, desde el presidente del Foro por la Memoria, Luis Naranjo, al responsable del sindicato CNT, Ignacio Muñiz, el presidente de la comisión de la memoria histórica, José Rojas o la presidenta de la Asociación Mujeres Marianne, Isabel Amil, quien relató su experiencia como presa política. De los muy pocos testimonios en contra del cambio de las calles más polémicas se escuchó a Luis Cornejo, el presidente de la Asociación de Vecinos Centro Histórico, quien aseguró que "no estamos en contra de la ley", sino de que ésta se interprete "al arbitrio de un signo político" y que esto suponga "herir a Córdoba en su identidad".

Ya de vuelta al terreno político, esta vez tanto PSOE, IU y Ganemos arremetieron contra el PP con el discurso de vincularlo con el franquismo. Bellido argumentó que la calle a José Cruz Conde fue rotulada en 1929, antes de la guerra civil, por lo que no responde a motivos de exaltación franquista y que la plaza de Cañero fue nombrada así en 1989 por un alcalde comunista: Herminio Trigo. De José María Pemán dijo que hasta el alcalde de Cádiz, de Podemos, le mantiene su nombre a un teatro, al igual que ocurre con Vallellano en Madrid. La Junta de Andalucía, dijo, tampoco ha retirado el nombre a un colegio de su propiedad llamado Cronista Rey Díaz. "Cumpliendo la ley no menoscabemos las señas de identidad de la ciudad", dijo Bellido, quien insistió en que a la hora de volver a denominar las calles "hagamos compatible la ley con los usos y costumbres de la ciudad".

La teniente de alcalde de Participación, Alba Doblas, aseguró que este acuerdo "es necesario e imprescindible para darle dignidad a la democracia", a pesar de que "llega tarde". Doblas pidió al PP que "dejen de humillar a las víctimas, basta ya" y los acusó de que "siempre han apoyado el golpe militar y el falseamiento de la historia". La portavoz del PSOE, Carmen González, contestó a Bellido que "el problema no son cinco calles, es que siguen defendiendo a Franco y a todos los franquistas" y apeló al "espíritu de la transición y la generosidad para llegar a reconocer que el interés general está por encima". El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, apostó por hacer un trabajo de "pedagogía" y avisó de que "estaremos vigilantes" para que se cumpla todo.

El concejal de Ciudadanos José Luis Vilches, por su parte, acusó a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, de ser la "culpable" de que se haya dado el debate ya que "prometió consenso". Además recordó que el presidente de la comisión por la Mezquita, Federico Mayor Zaragoza, "tiene un pasado franquista". El edil de UCOR, Rafael Serrano, defendió el consenso y el diálogo.