El Ministerio Fiscal ha pedido tres años de prisión para el administrador único de una empresa que vendió una vivienda unifamiliar asegurando en la escritura que tenía la hipoteca cancelada cuando, en realidad, quedaba por pagar una deuda de 129.818,61 euros.
En las conclusiones provisionales de la acusación pública, el fiscal afirma que el acusado manifestó en la escritura pública ante notario, "con ánimo de inducir a error al comprador", que la hipoteca estaba liquidada, al tiempo que se comprometió a presentar el documento de cancelación.
Ello lo hizo "a sabiendas de su falsedad y con la única intención de beneficiarse liberándose de la carga a costa del compradora", conforme a la acusación de la Fiscalía.
Además de los tres años de cárcel, el fiscal pide por el delito de estafa agravado 12 meses de multa, a razón de una cuota diaria de diez euros, con responsabilidad subsidiaria de seis meses de prisión en casa de impago, y la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
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