"Está peor que bajo mínimos". Así ha definido la concejala del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, el funcionamiento del servicio de registro de correo del Consistorio. En la actualidad este registro suma dos semanas de espera, "a lo que se le suma el retraso de las citas para atención al público", según ha informado Moya.

La edil ha destacado que se trata de un servicio "fundamental en el funcionamiento de la gestión municipal". Así, es el que se encarga de registrar el correo que entra y sale del Ayuntamiento; también de distribuir el correo interno, las notificaciones de multas, de impuestos como el IBI, la concesión o denegación de ayudas de servicios sociales, documentaciones relativas a violencia de género o notificaciones judiciales, entre otros. 

En la actualidad, el servicio cuenta con la jefa de la unidad y cinco ordenanzas, aunque en estos meses de verano hay menos trabajadores debido a las vacaciones estivales, además de las bajas médicas actuales y dos futuras jubilaciones, ha informado Moya, quien ha indicado que "no hay ni un solo auxiliar administrativo". Este servicio tiene asignado en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento (RPT) nueve puestos más el de la jefa de la unidad. 

Moya ha explicado que la encargada lleva un año denunciando y comunicando "la precaria situación de personal de este departamento, mandando mensajes de auxilio a todos los servicios, además de las comunicaciones a sus superiores, y a nadie en recursos humanos se le ha ocurrido considerar que esto es suficientemente grave como para tomar alguna medida". 

"Es una situación de colapso anunciado por la propia jefa del servicio", ha dicho Moya, quien como conclusión ha indicado que son miles de cartas las que están acumuladas en el Consistorio esperando a llegar a su destino. Además, la concejala ha anunciado que a partir de este viernes, 29 de julio, el Ayuntamiento de Córdoba podría dejar de prestar el servicio de registro de correo por falta de personal "salvo que se de una solución de ultima hora".  

La socialista ha expresado algunos ejemplos específicos para entender la situación. Por un lado, el próximo cinco de agosto finalizará el plazo del pago voluntario del IBI, un impuesto del que muchos cordobeses no habrían recibido notificación. "Hay muchas personas acostumbradas a recibirlas, entre ellas las personas mayores que no tienen recursos digitales si esta notificación no llega".

Estos avisos cuentan con sus correspondientes plazos de pagos o alegaciones. "Si queremos hacer algún tipo de alegación al IBI a través de la gestión tributaria, tenemos que sumarle otros 50 días de espera", ha indicado Moya. 

Algo similar ocurre con las notificaciones de las delegaciones de ayudas sociales "cuyo plazo para presentar alegaciones puede ya venir mermado o directamente sobrepasado" a lo que habría que sumarle tres meses de lista de espera para atención, tal y como ha indicado la concejala. "Es una vulneración total de los derechos de los cordobeses". 

El mismo problema se genera en las notificaciones de carácter judicial, "el Ayuntamiento tiene responsabilidades en materia de violencia de género y protección de menores, cuya eficiencia depende de la comunicaciones judiciales". 

Cabe señalar que el volumen de trabajo aumenta en algunas fechas señaladas del calendario, como ocurrió con las pasadas elecciones autonómicas, donde hubo que gestionar 4.000 notificaciones para las mesas, más unos 1.000 que vienen de vuelta.