Protesta

Las Marchas de la Dignidad denuncian las consecuencias laborales del "colapso" de los Juzgados de lo Social

  • La plataforma señala que la pandemia ha ocasionado que el retraso judicial se vea aún más agravado, justo cuando "la clase trabajadora se encuentra aún más indefensa"

Un momento de la concentración. Un momento de la concentración.

Un momento de la concentración. / E. D.

Miembros de las Marchas de la Dignidad se han concentrado este jueves en la entada de la Ciudad de la Justicia para denunciar las consecuencias que el "colapso" de los Juzgados de los Social de Córdoba tiene en el ámbito laboral y, en concreto, en los trabajadores.

Ese retraso "no es algo novedoso", sino que "llevamos años recibiendo notificaciones de señalamientos a un año vista, por no hablar del retraso a la hora de dictar sentencia, que en algún juzgado ha superado el año desde la fecha de celebración del juicio", dicen desde la plataforma.

En este sentido, señalan que en muchos casos se trata de "procedimientos en materia de vulneración de derechos fundamentales, altas médicas, despidos o reclamaciones de cantidad que tardan más de dos años en obtener respuesta y que producen tanto un efecto desmoralizador en los trabajadores como un sentimiento de impunidad para los empresarios".

Los portavoces de las Marchas de la Dignidad aseveran que, de esta forma, es habitual que las empresas, conocedoras de la situación, la utilicen para "forzar acuerdos por debajo de ley o convenio bajo la advertencia de que la tardanza existente en los juzgados hará demorar gravemente la resolución del asunto". En definitiva, el retraso judicial se está convirtiendo en "un factor más a la hora de negociar, el cual es utilizado por parte de las empresas con el fin de continuar precarizando aún más las condiciones de sus empleados".

En esa línea, indican que si bien es común hacer mención a las reclamaciones de cantidad o derecho (con señalamientos para el año 2023), no hay que olvidar que existen otros procedimientos de "vital importancia" para el trabajador y que se enlazan directamente con su derecho a su salud e integridad física, como son las altas médicas o incapacidad permanente.

Así pues, "trabajadores que son dados de alta por la inspección médica deben esperar entre seis meses y un año para obtener una resolución firme que diga si son aptos o no para trabajar, con la consiguiente repercusión económica que ello genera para el empleado que deja de percibir una prestación y que, en no pocas ocasiones, termina perdiendo injustamente su puesto de trabajo debido a su notoria incapacidad laboral", manifiestan desde la plataforma.

Agravamiento por el covid

La pandemia ocasionada por el covid-19 ha ocasionado que este retraso judicial se vea "aún más agravado", con señalamientos más postergados en el tiempo, justo en una situación social en la que "la clase trabajadora se encuentra aún más indefensa y en la que requiere del auxilio de unas instituciones que, ya sea para bien o para mal, responden extremadamente tarde a sus necesidades".

En este sentido, desde las Marchas de la Dignidad indican que "los expertos en derecho son casi unánimes a la hora de predecir que estamos cada vez más cerca de una avalancha de despidos ocasionados por la grave crisis económica que padecemos, lo que va a terminar de colapsar la agenda de los juzgados".

Por todo esto, concluyen que hay que partir de la premisa de que "si la justicia no es rápida, no es justicia". Por ello, "si queremos evitar una degradación aún mayor de los derechos laborales es necesario que los juzgados de lo social de Córdoba tengan a su servicio a más personal", así como la creación de nuevos juzgados que sirvan "tanto para descargar de trabajo al resto, como para asumir la llevanza de nuevas reclamaciones, de manera que se reduzca el atraso en los señalamientos y, de esta manera, dar una solución real, efectiva y práctica a los trabajadores de la provincia".

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