Antonio Guerra | Presidente de Escuelas Católicas de Córdoba “La Ley Celaá quiere terminar con la pluralidad en la escuela”

  • Lamenta que la nueva norma educativa haya generado un debate entre la concertada y la pública y critica que cada vez que hay cambio de Gobierno se quiera implantar otra ley para el sector

El presidente de Escuelas Católicas en Córdoba, Antonio Guerra, posa para 'el Día'. El presidente de Escuelas Católicas en Córdoba, Antonio Guerra, posa para 'el Día'.

El presidente de Escuelas Católicas en Córdoba, Antonio Guerra, posa para 'el Día'. / Juan Ayala

Desde hace nueve años preside Escuelas Católicas de Córdoba, una entidad que agrupa a la mayoría de los colegios concertados de la provincia, que se han plantado ante la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), que entre otros, deja de considerar al castellano como lengua vehicular en España. Antonio Guerra (Puente Genil, 1959), insiste en la necesidad de un Pacto por la Educación.

–¿Sigue siendo la educación un arma política con la aprobación de la que es ya la octava ley del sector?

–No hay nada más que ver todo lo que está ocurriendo ahora mismo: la educación está sirviendo como arma para otras cuestiones como pueden ser, en el caso actual, los presupuestos. Es una pena que algo tan fundamental en España se use como moneda de cambio. Con la educación no se debe jugar de la forma que están jugando en esta legislatura y en las ochos leyes anteriores.

–¿No resulta contraproducente que cada vez que llega un gobierno a la Moncloa se cambie la Ley de Educación?, ¿no sería más beneficioso el tan demandado Pacto por la Educación?

–Todos los padres te lo dicen así. Una ley tiene que comenzar con un pacto social porque estamos hablando del germen de la sociedad, del futuro de nuestra sociedad y, ese futuro depende de cómo eduquemos a los chavales. Por lo tanto, debería estar por encima de la ideología, que debería quitarse totalmente. Este Pacto por la Educación desgraciadamente no se ha alcanzado en España y, parece que el orgullo de cuando le dan la cartera de ministro de Educación a cualquiera es decir que va a hacer una reforma o una nueva ley. En este caso, por ejemplo, no ha sido una nueva ley, sino una reforma de una ley anterior. Le llamamos Ley Celaá porque su nombre real puede dar pie a broma, pero a una broma macabra: Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Desde ahí se puede ver ya casi el contenido. Se ha cogido una ley anterior, se ha visto lo que no nos gusta y se han cambiado esos artículos.

–¿Cuáles son los aspectos más polémicos de la Lomloe?

–Estamos convencidos de que en esta ley el aspecto más polémico es que quiere terminar con la pluralidad en la escuela, con la elección real de centro. Muchas veces nos dicen y, sobre todo, en las redes sociales, que los centros concertados somos elitistas, que escogemos a nuestros alumnos… Nada más lejos de la realidad. Cualquiera que conozca como va el proceso es exactamente igual que en la escuela pública puesto que formamos parte de la red pública de centros. Es igual que la red pública de centros sanitarios y centros privados. Nosotros admitidos el concierto hace muchos años, precisamente con el PSOE, y se admitió para que nuestra forma de educar, en el caso de los colegios católicos, llegara a todo el mundo. En los últimos 30 o 40 años se ha pasado de unos centros católicos que eran para la elite a unos centros católicos que son para todos.

Antonio Guerra, durante un momento de la entrevista. Antonio Guerra, durante un momento de la entrevista.

Antonio Guerra, durante un momento de la entrevista. / Juan Ayala

–Ante las numerosas críticas que se han lanzado, desde el Gobierno aseguran que la elección de centro está garantizada.

–Si no piensan llevar a cabo la norma, pues bendito sea. Pero la norma nos lo pone claro. Han quitado la demanda social, que es importante. Por ejemplo, aquí en Córdoba intentaron suprimir alguna línea de Educación Infantil y el Tribunal Superior de Justicia dijo que no porque tenía demanda social. Ahora mismo, ese término desaparece de la ley y es el Gobierno el que te dice donde puede ir tu niño. En todos los centros existe un tanto por ciento de alumnado con necesidades especiales, en riesgo de exclusión y no hace falta que el Gobierno regule eso. No hace muchos años, la misma ministra nos dijo que los niños eran del Estado.

–¿Cómo afectará la aplicación de la ley en los colegios de Córdoba?

–En Córdoba podría ser que alumnos que decidan ir a un centro público de su zona y no haya sitio tenga que ir a otro que le indiquen. Ellos van a tener en sus manos mandar a tu hijo donde ellos quieran. Ahora mismo, si hay demanda en los centros públicos, se puede poner una línea más o se quita si no hay demanda. En los centros concertados no ocurre eso. Nosotros tenemos un concierto por dos unidades y esas son las que ofertamos. Si tenemos más demanda, no podemos subir las unidades, cosa que sí ocurre en los públicos. ¿Qué puede ocurrir? Pues que teniendo incluso demanda para las unidades que tenemos concertadas, el organismo de turno puede decir en un momento dado que el año que viene un colegio solo va a tener 25 alumnos.

"El Estado no puede decirme cómo tengo que educar a mi niño”

–Junto a la eliminación de la demanda social, ¿cuáles son otros de los aspectos más polémicos de la Lomloe a su juicio?

–Se carga totalmente la pluralidad. Creo que todos queremos una sociedad plural, en la que entren las distintas tendencias políticas y religiosas y, eso en nuestros centros está muy claro. Tenemos alumnos de diferentes religiones y no tenemos nunca problemas con ellos. En Córdoba, tanto en la pública como en la concertada hay centros educativos que tienen una tendencia por su profesorado o por su historia. Por ejemplo, uno centrado en el deporte y yo veo que tengo un hijo que tiene aptitudes para el deporte y, aunque viva lejos quiero que vaya allí y no voy a poder hacerlo porque me quitan la elección. El Estado no me puede decir cómo tengo que educar a mi niño porque lo tengo que educar yo. La ley aprovecha para ideologizar la educación con algunos aspectos que son claves.

–¿Cuáles son esos aspectos claves?

–Bueno, quieren que la Religión desaparezca. Quieren quitar una transaccional, dependiendo de cómo vayan los presupuestos, o ponerla a primera o a última hora o quitarla del todo. Desgraciadamente, la Religión no va a ser evaluable y para darle la importancia que tiene, una asignatura tiene que ser evaluable. A todos aquellos que nos dicen que adoctrinamos en nuestros centros los invito a cualquiera de nuestros centros que están abiertos y que pregunten y vean cómo lo hacemos. El hecho está clarísimo en que antiguos alumnos nuestros, como no nos sale bien el adoctrinamiento, son de partidos políticos, de ideologías y creencias muy diversas afortunadamente. Eso es fruto de que lo que intentamos siempre es crear espíritu crítico. La sociedad que hay ahora mismo no nos gusta y queremos cambiarla. La sociedad tiene que ser más plural. Entendiendo esto, no entendemos que queramos hacer una sociedad con un pensamiento único y eso es muy peligroso porque empezamos haciendo eso y terminamos vistiendo todos del mismo color.

–¿Esto significa que también desde la escuela pública se adoctrina como hacen creer que hacen en la concertada?

–No. Eso significa que no hay pluralidad en la escuela. El adoctrinamiento puede venir por alguna de las normas que han entrado ahora. Hasta ahora, por ejemplo, el conocimiento del cuerpo se da en Ciencias Naturales hasta cuando hablas de valores en Religión y en muchas asignaturas y, ahora tiene que ser un trabajo específico de ello. La asignatura tiene una tendencia muy clara tal y como está planteada. El cuerpo se puede mirar desde muchos puntos de vista, no desde el punto de vista desde el que el Gobierno nos dice que lo tenemos que mirar. Pero no solamente el cuerpo, sino también la Geografía española, la Historia y todo lo que conlleva una educación integral.

–¿Peligran conocimientos básicos con esta ley?

–Sí y también otros conocimientos no tan básicos porque si se lee la ley en profundidad, el Bachillerato pierde toda la fuerza que tiene ahora mismo. La ley del mínimo esfuerzo y el café para todos es muy complicado. Puedes pasar de Bachillerato con asignaturas pendientes y te dan el título igual que al compañero que has tenido al lado durante dos años esforzándose; no sé hasta qué punto es lógico o no. Creo que baja mucho la calidad en el futuro para el que necesitamos personas bien preparadas. Esos alumnos, ¿qué Universidad se van a encontrar? Llegará un momento en el que como se lo han puesto todo tan fácil, cuando llegue a la Universidad no van a poder con ello y lo voy a dejar en el primer trimestre y se va a echar la culpa a que no me han hecho que me esfuerce más. Nos podemos encontrar con una bajada total y absoluta de la calidad.

El presidente de Escuelas Católicas en Córdoba en la sede del periódico. El presidente de Escuelas Católicas en Córdoba en la sede del periódico.

El presidente de Escuelas Católicas en Córdoba en la sede del periódico. / Juan Ayala

–Los dos modelos han convivido durante décadas, ¿por qué no ahora?

–Yo no diría que hemos convivido, sino que hemos prestado un servicio a la sociedad. Lo que estoy viendo ahora, desgraciadamente y, lo estoy viviendo con amargura, es el hecho de que en las últimas semanas el debate de la Ley Celaá se está convirtiendo en algo tan simplista como es el debate entre la escuela concertada y la pública y no debe haberlo porque todos cabemos. Todo buen educador piensa que si la red pública funciona bien, el futuro que viene será bueno. Pero si nos dedicamos a pelearnos entre nosotros, quien se sale con la suya son los partidos, los pactos y lo que no interesa a la educación.

–Entonces, ¿qué interesa?

–Deberíamos aprovechar, por ejemplo, para bajar la ratio aprovechando la bajada de la natalidad y dotar de más docentes a los centros. De seis o siete años para acá, al tener unos equipos de orientación más fuertes, se detecta antes ciertas diferencias en el alumnado y, para eso, se necesita personal para que ese alumno siga el mismo proceso. A la concertada, en el caso de la Educación Especial y de integración sistemáticamente no nos aprueban más aulas. Y, por otra parte, nos dicen que no tenemos alumnos. Pero te puedo garantizar que más del 95% de nuestros centros tienen más alumnos con necesidades especiales que otros muchos y debemos luchar por la educación. Me da mucha pena que a quienes estamos a pie de obra se nos estemos machacando por redes sociales. La concertada no roba a la pública. Miramos los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años y ha subido para la pública, pero se ha estancado o ha bajado para la concertada. Somos más del 20% de la educación en España y del presupuesto global, a la concertada se dota con un 12,5%.

"En Escuelas Católicas llevamos mucho tiempo clamando por la necesidad de un pacto educativo anterior a todo”

–La Lomloe tiene que pasar aun por el Senado, ¿confían en que pueda haber algún cambio?

–Mientras hay luz, hay esperanza y lo de la esperanza lo llevamos bien. Hay algunas organizaciones, como Concapa, que han llevado la ley al Parlamento Europeo y va a estudiar todo lo relacionado con la constitucionalidad o no y es posible que ocurra como en otros temas, como ha ocurrido con otros temas en esta legislatura, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tuvo que echar marcha atrás. Puede ocurrir y cuando Europa dice algo, económicamente puede haber algún problema si no se hace.

–Desde la Junta de Andalucía ya se ha dicho que “se va a frenar el impacto de la ley”, ¿considera que eso es posible?

–Ningún presidente de una comunidad autónoma puede ir en contra de una ley, pero si puede hacer un poco de colchón, pero eso es una chapuza. Lo que realmente tiene que ser que, dependiendo del partido político que haya en una comunidad u otra, es que se haga. Nuestra institución tiene centros educativos en la mayoría de las comunidades autónomas y en las que han dado un vuelco y algunas lo están pasando muy mal. Poner la educación en manos de unos y dentro de cuatro años en la de otros es lamentable. Hay algo que no está funcionando. En Escuelas Católicas llevamos mucho tiempo clamando por la necesidad de un pacto educativo anterior a todo y, desde ahí vamos poniendo los cimientos sobre los que poner los distintos puntos de vista. Es triste el enfrentamiento la pública y la concertada. Lo que nos interesa es la educación en mayúsculas.

–Si la escuela concertada está sostenida con fondos públicos, ¿por qué las familias tienen que abonar algunos servicios?

–Hay unas cuotas, mal llamadas, que son totalmente voluntarias. Normalmente, son las asociaciones de padres las que animan a las familias que entran a que lo hagan, pero si alguien no lo hace, no ocurre nada. Las actividades extraescolares, el aula matinal… para que nosotros pongamos todas esas actividades en marcha tenemos que hacer un estudio económico y enviarlo a la Consejería, que es quien nos aprueba el servicio y lo que tenemos que cobrar.

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