La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado en el Pleno del Parlamento que “la Junta de Andalucía va a poner en marcha talleres sobre uso de la Lengua de Signos en los colegios de Educación Primaria y en los institutos de Secundaria y vamos a mejorar las condiciones de accesibilidad y las pautas de atención e interacción con las personas con discapacidad auditiva en los centros sanitarios, que es una de las reivindicaciones de este colectivo”.

En Córdoba existen 3.290 personas discapacitadas auditivas, 1.585 hombres y 1.705 mujeres.

Durante su intervención, Ruiz ha garantizado que su departamento sí va a realizar el desarrollo reglamentario de la Ley 11/2011 por la que se regula el uso de la Lengua de Signos Española en Andalucía, “que debía haberse realizado en un plazo máximo de tres años a partir de su aprobación y el anterior Gobierno de la Junta nunca hizo, por lo que lleva ochos años retraso”.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha informado que ya se inició el trámite de consulta pública del Reglamento por el que se desarrollan las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en materia de lengua de signos española y medios de apoyo a la comunicación oral en Andalucía.

"Se han recibido aportaciones de la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas (FAAC), la Federación Andaluza de Familias de Personas Sordas (Fapas) o el sindicato Comisiones Obreras”.

“Con las aportaciones recibidas elaboraremos un primer borrador de Reglamento, que irá acompañado de las memorias e informes preceptivos para su correspondiente tramitación en los próximos meses”, ha resaltado la consejera.

En este sentido, ha asegurado que “vamos a esforzarnos por solventar obstáculos y hacer más accesible la sociedad andaluza, trabajando en defensa de la autonomía personal y la plena inclusión de las personas con discapacidad”.

Por ello, “vamos a poner en marcha una Oficina Técnica de Accesibilidad Cognitiva, para garantizar entornos accesibles y propiciar la comprensión de la información que rodea a las personas con discapacidad”. Será la segunda oficina de este tipo en España y se encargará de marcar las directrices y ofrecer servicios de promoción, asistencia, formación, evaluación e investigación sobre accesibilidad cognitiva en edificios y servicios públicos.