La Ciudad de la Justicia no saldrá particularmente barata al erario público. Los 55 millones de presupuesto de ejecución material, más de 80 si se le suman aspectos como los tributos o los honorarios profesionales, se convertirán en una carga a largo plazo para la Junta de Andalucía. El documento económico del proyecto cifra en algo más de diez millones de euros la cifra máxima anual que la Administración pagará en concepto de renta durante los primeros doce meses a cambio de poder disfrutar del edificio. En tanto en cuanto se habla de un máximo de 28 años de gestión del proyecto, la inversión en euros constantes rondaría los 300 millones de euros, diez veces lo que cuesta el proceso de construcción y la mano de obra.

La realidad es que en euros corrientes (que es el valor contante y sonante, el dinero que tiene que salir de los presupuestos públicos) es mucho mayor. El pliego de condiciones de la Ciudad de la Justicia establece un sistema de revalorización de la renta a abonar que impide una transferencia total de la inflación al alquiler. De esa manera, un 70% del total de la renta a abonar por la Junta sufrirá un incremento automático del 2% independiente de la realidad de la subida del coste de la vida. El resto, un 30%, se regirá por la inflación anual que se registre. Aplicando un sistema similar de revalorizaciones, los 190 millones que cuesta la Ronda Norte se convierten en un desembolso total de más de 900 millones.

Dado el valor del desembolso que se tiene que hacer, 37 de los 100 puntos de valoración del concurso de la Ciudad de la Justicia dependen de criterios por los cuales la Junta de Andalucía le pide a los futuros contratistas que reduzcan la cuantía de la renta anual a abonar por el Gobierno andaluz para sus futuros juzgados cordobeses. El pliego premia a quien pida menos dinero pero también quien diga que estará menos tiempo cobrándole a la Junta de Andalucía. El contrato regula un derecho de superficie, que es la figura que permite construir un edificio y explotarlo económicamente durante un periodo de tiempo determinado en un solar público. Concluida la concesión, el edificio pasa a manos de la Administración.

Una de las novedades del pliego de condiciones es que se realiza a riesgo y ventura del contratista, reduciendo la aportación de dinero público para restablecer el equilibrio financiero "a razones de fuerza mayor". Originalmente, la Junta estaba dispuesta a realizar una aportación de dinero público para reducir el coste del edificio. Los presupuestos de 2009 recogían una aportación directa de 12 millones de euros, que fue reducida en los de 2010 a algo más de ocho millones. La explicación era que se trataba de una subvención a la construcción para restar dinero de la renta anual a abonar.

El sistema de colaboración elegido evita los costes financieros de tener que endeudar a la Administración. Sin embargo, obliga a poner más dinero en el capítulo de gasto corriente, durante más tiempo y por más cantidad. Tanto, que hay quien se pregunta si no favorece más a las cuentas públicas usar el sistema tradicional de pedir dinero a la banca y correr con los gastos financieros, que abonar a largo plazo la inversión y el lucro de una empresa privada.