Con algún retraso respecto al plan inicial, la Junta de Andalucía ha echado a andar la maquinaria administrativa para la remodelación del edificio de la Audiencia Provincial, ahora en desuso tras el reciente traslado a la Ciudad de la Justicia. La Consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ya avanzó que esas obras tendrían un coste de unos diez millones de euros y que a ese inmueble ubicado en la plaza de la Constitución pretenden trasladar la Delegación del Gobierno, de la que dependen Justicia e Interior; Hacienda y Administración Pública; y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Ahora, según la información facilitada por el departamento de la propia Montero, el gobierno andaluz ya ha fijado el plazo estimado para que esa actuación esté lista, que será de unos 32 meses, que empezarán a contar desde el momento en el que se adjudique el proyecto y la dirección de obra.

Los trámites a partir de ahora son los de admitir ofertas para redactar el proyecto y asumir la dirección facultativa hasta el 10 de enero del año que viene y proceder a mediados de febrero a la apertura de los sobres y encargo de estos trabajos técnicos, cuyo coste alcanzan los 866.000 euros aproximadamente. El proyecto básico y de ejecución deberá estar acabado en un plazo máximo de seis meses y partir de ahí se adjudicará la fase de obras, con lo que una primera estimación fijaría la conclusión de la reforma en el año 2020. Hacienda ha decidido finalmente desarrollar este expediente por la vía ordinaria y procedimiento abierto.

El proyecto y la dirección de obra han salido ya a licitación por 866.000 euros

La parcela del edificio de la Audiencia se ubica en la confluencia de la avenida del Aeropuerto y el Paseo Conde Vallellano y, en ella se emplaza un edificio con acceso principal por la plaza de la Constitución construido a principios de los años 70, que entró en funcionamiento en 1972, y consta de dos cuerpos de edificación unidos en forma de L, uno destinado hasta hace poco a Audiencia Provincial, con una superficie construida de 5.359 metros cuadrados, desarrollada en cuatro plantas, y una superficie construida bajo rasante de 1.486 metros cuadrados en una planta sótano; la superficie construida total es de 6.845 metros cuadrados; el otro bloque está destinado a Juzgados, con una superficie construida sobre rasante de 4.808 metros cuadrados, desarrollada en siete plantas, y una superficie construida bajo rasante de 686 metros en una planta sótano.

Según la Junta de Andalucía, la información disponible señala que el edificio "se encuentra en buen estado de conservación". La estructura portante, continua, "no presenta signos de patologías a simple vista". Además, "la fachada se encuentra también en buen estado general. Las cubiertas, aunque en buen estado presentan signos de filtraciones puntuales". No obstante, reconoce que "es necesario determinar con precisión el estado real de conservación del inmueble y las condiciones de todos los elementos constructivos respecto de las exigencias impuestas por normativa ante la necesaria adaptación al nuevo uso". Por ello, se prevé realizar un reconocimiento del edificio para determinar con precisión el estado real de todos los elementos constructivos, las posibles patologías existentes, identificar posibles deficiencias constructivas y obtener la capacidad portante de la estructura y cimentación y su suficiencia respecto de las exigencias normativas.

En función de la superficie del edificio, se prevé destinar las plantas sobre rasante a oficinas administrativas, ubicando en la planta baja los servicios generales y en la planta sótano depósitos de archivo, almacenes, garaje y locales de instalaciones. El inmueble prevé tener una capacidad de aproximadamente 550 puestos de trabajo. El edificio "deberá proyectarse para sede administrativa de dos Delegaciones de la Junta de Andalucía" y el proyecto debe plantearse "desde los principios de la edificación sostenible, considerando, por lo tanto, factores como el respeto al medio ambiente, la eficiencia energética, la facilidad para el posterior mantenimiento y conservación del edificio, la optimización de las soluciones constructivas, la durabilidad de los materiales y otros de esta naturaleza", precisaron desde Hacienda.

La salida de la Delegación del Gobierno de San Felipe dejará sin utilidad la actual sede, un inmueble que durante años ha sido el símbolo de la Administración autonómica en Córdoba. La consejera María Jesús Montero ya descartó este verano que se vaya a suspender el arrendamiento de estas dependencias, pues no es de su propiedad. "Este edificio, por su historia y por su simbología, está muy ligado a la Junta y así seguirá siendo", dijo. La consejera no quiso desvelar a qué fines se dedicará en el futuro, pues aún se están perfilando.