La europarlamentaria de IU Marina Albiol criticó ayer la postura tomada por la Comisión Europea sobre las preguntas planteadas acerca de las inmatriculaciones de la Iglesia católica, algo que el órgano de la Unión Europea consideró que no entraba dentro de sus competencias. Para IU, la Comisión Europea "no puede mirar a otro lado" y, sin embargo, "cuando le interesa sí se inmiscuye", haciendo referencia, entre otras cosas, a las recomendaciones sobre reformas económicas propuestas directamente al Gobierno de España. Albiol insistió en que la UE debe tomar cartas en el asunto y consideró que incluso tiene que obligar a la Iglesia a devolver "lo usurpado".

Para la europarlamentaria, la razón de que el órgano europeo tenga la obligación de pronunciarse sobre el asunto radica en que las acciones llevadas a cabo por la Iglesia católica vulneran los valores promulgados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Dicho documento, añadió, enaltece los valores de diversidad cultural en el continente algo que, sin duda, tiene su máxima recreación en un monumento como la Mezquita-Catedral, según Albiol. "La Europa de las libertades no puede dar más privilegios a unas religiones que a otras", denunció. Albiol consideró que esta postura de la Comisión Europea sobre la supuesta falta de competencias de la misma en el asunto es un reflejó de cómo se desentendió "porque afectaba a los poderosos".

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, informó de que ha mandando una carta a Pablo Iglesias (Podemos), Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Garzón (IU) para que si finalmente un gobierno de izquierdas sale adelante, tengan las matriculaciones como una "cuestión prioritaria". Para García, el futuro gobierno tiene que entender que esta cuestión tiene gran importancia por la "lucha de los ayuntamientos progresista".

El también coordinador provincial de IU en Córdoba anunció también que desde el Consistorio se comenzará a trabajar para iniciar una ofensiva a niveles políticos y administrativos, "y seguramente judiciales", para poner el foco en el "expolio urbanístico". Dicha ofensiva, detalló, irá encaminada a exigir la propiedad pública de los bienes inmatriculados como, por ejemplo, la plaza del Pocito. Aunque García reconoció que el camino y el trabajo será complicado, estudiarán la posibilidad de revertir los bienes, algo "complicado, pero no imposible".

Atacar desde la vía judicial, añadió, tendría que partir de la demostración de "anticonstitucionalidad" de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica y que para García provienen de las políticas llevadas en su día por el que fuera presidente del Gobierno central José María Aznar. Además, también estudiarán si todo se lleva a través de bienes en concreto (Pocito o Mezquita-Catedral), o si se hará a la totalidad. Esto último implicaría el disponer de un listado con todos esos monumentos que la Iglesia hizo suyos.