Han pasado siete meses desde que el grupo municipal de IU "destapó lo que estaba sucediendo en Infraestructuras", y que llevó a Fiscalía el posible fraccionamiento de las obras del proyecto de alumbrado en la avenida de Libia y la presunta falsedad documental por firmar la finalización de los trabajos cuando no estaban concluidos. Así, la Fiscalía de Córdoba ahora ha encontrado indicios de prevaricación e irregularidades en el 60% de los contratos del área, que preside David Dorado (Cs), situación que ha desatado una crisis política en el cogobierno municipal, que pretende zanjar la situación cesando a la coordinadora general de Infraestructuras. 

Como era de esperarse, IU Córdoba ha reaccionado al cese de la coordinadora, o al hecho de no haber cesado al responsable municipal del área, David Dorado. El portavoz de IU, Pedro García, se ha preguntado este sábado, 27 de noviembre, "qué teme o qué razones tiene el alcalde, José María Bellido, para no cesar a Dorado". 

García considera que el concejal de Infraestructuras algo esconde para, tras el escándalo, poder mantenerse en su puesto. "Qué guarda, qué sabe Dorado, qué papeles esconde para que Bellido no haya sido capaz de cesarlo, para que sea intocable, de qué es conocedor para que el alcalde de Córdoba no lo haya fulminado", se ha preguntado. "Hacer dimitir a la coordinadora, un cargo político técnico y darle a ella toda la responsabilidad de lo que ha pasado nos parece ridículo", ha expresado el concejal. 

Los hechos

Córdoba se convierte en un foco de presunta corrupción con este caso. Desde IU han querido recordar que antes de elevar la denuncia a la Fiscalía "advertimos al gobierno municipal de todas las cuestiones que no eran normales en la gestión de la delegación, se hizo en el Pleno y en conversaciones privadas" pero el cogobierno "no reaccionaba sino que ahondaba más" en irregularidades, han asegurado.

Pedro García ha rescatado que "parece que la situación se está quedando en los contratos menores y su gestión cuando el alcalde dice que van a solucionar o fiscalizar mejor, pero no solo había un fraccionamiento intencionado para eludir la fiscalización, destapamos una presunta estructura creada para delinquir", ha afirmado.

Esa estructura, explica, constaba de una parte empresarial "con empresas que se habían dado de alta en julio y en septiembre ya se habían invitado al 80% de esas licitaciones de contratos menores". Así, García ha recordado que en su momento denunciaron que se trasladaban a las sedes sociales de esas empresas y no existían, "se invitaba a tres empresas propiedad de la misma persona, pero la situación no era exclusiva de contratos menores, era una estructura hecha para presuntamente delinquir", ha afirmado.

El cogobierno de PP y Cs asegura, en un intento de "máxima colaboración y transparencia", que fue "a raíz de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local cuando se elevaron al Ministerio Público las conclusiones de la información reservada iniciada por la asesoría jurídica municipal". Al respecto, García ha aclarado que dicho informe "iba a existir sí o sí porque la Fiscalía lo hubiese solicitado, no hay ningún mérito por querer aclarar las cosas".

"El alcalde asume la corrupción con naturalidad"

"El alcalde es el máximo responsable y cómplice de todo lo que se ha hecho", ha continuado García, palabras que han sido acompañadas por la concejala Amparo Pernichi, que estuvo al frente de la denuncia de IU en abril y que ha insistido en que el alcalde "es el responsable de todo el Ayuntamiento, él asume la responsabilidad absoluta y delega en sus concejales ciertas áreas de gobierno", ha afirmado.

"Si esos concejales actúan mal tiene que retirar la delegación y asumir esa responsabilidad, pero él se dedica a delegar a través de fotos de Instagram y cuando hay un problema se esconde a esperar que escampe, pero esta vez le va a salir mal el tiro", ha expresado la concejala. 

Asimismo, Pernichi ha informado de que el PSOE "puede aumentar esa documentación sin problema, pueden seguir sumando estudios al expediente si lo tienen claro y advierten presuntas irregularidades", tras informar el PSOE de que añadiría dos contratos menores de climatización de colegios en el marco de las actuaciones de la Fiscalía.

Según las cuentas de IU, en un solo trimestre se gestionaron más de 650.000 euros en volumen de obras, "el juez dirá, tras investigar, cuál es la cantidad que presuntamente se sustrajo", asegura Pernichi, que ha recordado además que "todas las obras se han recepcionado antes de haber terminado". 

El grupo municipal de IU, que tiene relación con algunos trabajadores del área, asegura que "están muy preocupados y enfadados por la situación y no dan crédito porque no ha pasado un caso como este en la delegación o el Ayuntamiento antes".