El gobierno municipal y la oposición discreparon ayer rotundamente sobre la propuesta del PP de que se realicen bonificaciones fiscales a los comerciantes de la zona de El Realejo, como contraprestación de las molestias causadas por las obras de reforma de la zona, que según los portavoces del comercio han sufrido una merma de la facturación del 50%. Este debate, que ha pasado absolutamente desapercibido mientras se han desarrollado las obras, aparece ahora cuando, según las estimaciones más pesimistas, a la actuación le quedan pocos meses.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, anunció ayer que va a presentar en el Pleno del mes de septiembre una propuesta para rebajar la categoría fiscal de las calles desde el nivel tres al nivel cinco. Ello supondría, a grandes rasgos porque la propuesta tampoco se ha matizado en cuanto a plazos o a calles afectadas, una reducción fiscal en determinados parámetros como la tasa de recogida de basuras y, sobre todo, el IBI de urbana, la conocida popularmente como contribución.

El gobierno municipal salió ayer al quite sin dar un no rotundo pero con algo muy parecido a ello. "Habría que estudiarlo", aseguró el teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña. Sin embargo, el equipo de gobierno, o al menos la parte de éste que responde a las siglas de IU, no está a favor de que se produzca una decisión de este tipo. Ocaña explicó que este tipo de medidas se adoptaban antes de la práctica desaparición del IAE entre las pymes y consistía tan sólo en una bonificación de este impuesto, lo que implicaba limitar la afección de la medida a los comerciantes.

Estas medidas se adoptaron, en la historia municipal reciente, a raíz de actuaciones de bastante mayor impacto comercial, como las que tuvieron lugar a raíz de las construcciones de los parking de las avenidas de Barcelona y el Aeropuerto. Posteriormente, cuando se efectuó la obra de La Corredera, se aprobó por parte del Pleno que el mecanismo se pusiera en marcha automáticamente sin necesidad de debate previo.La reducción del callejero fiscal, según el equipo de gobierno, afectaría al IBI, que no grava la actividad sino la propiedad misma del bien, que en cierta medida revaloriza su valor con las obras de reforma.

El PP reclamó ayer responsabilidades a los responsables de la obra, toda vez que, según afirmó Nieto, se están incumpliendo los plazos. El portavoz popular acusó al nuevo concejal de Infraestructuras, Francisco Cárcenas, de querer hacer "como que viene del cielo" en vez de afrontar que la demora denunciada de la obra es fruto de la gestión municipal.