Mientras la financiación del palacio de congresos de Córdoba sigue en el aire, por la falta de un compromiso entre las tres administraciones que haga viable su construcción, el Ministerio de Industria ha comenzado a transferir fondos de envergadura, y mediante un real decreto, a un proyecto gemelo, que se encuentra en la ciudad del presidente del Gobierno, León.

El ministro Miguel Sebastián ha puesto su firma en el texto legal que autoriza la primera entrega de fondos al Ayuntamiento leonés para realizar un palacio de congresos y recinto ferial que aparece calcado al de Córdoba: 70 millones de euros de presupuesto (el Palacio del Sur se acaba de reducir hasta los 67 millones de euros), arquitecto estrella (Dominique Perrault realiza el de León mientras que Rem Koolhaas reformará sus planos en Córdoba) y unos contenidos más que similares.

La diferencia estriba en la actitud institucional hacia los proyectos. Mientras el palacio de congresos de Córdoba sigue sin un plan de financiación estable, el centro de León cuenta con un horizonte más que despejado. El Gobierno y la Junta de Castilla-León, en manos del PSOE y el PP, respectivamente, han tenido hacia el proyecto una atención absolutamente distinta a la que se ha prestado a la iniciativa que se promueve desde el Ayuntamiento de Córdoba. El convenio firmado entre las tres administraciones asegura que el Ejecutivo de Madrid tendrá que poner el 40% del presupuesto de las obras (28 millones de euros) mientras que el Gobierno regional destinará en las sucesivas anualidades una cantidad similar. El Ayuntamiento leonés, donde el PP fue descabalgado del poder a manos del PSOE, tendrá que colocar 14 millones de euros en esta operación.

El Consistorio cordobés ni siquiera puede aspirar a una aportación por el estilo. El gobierno municipal trabajaba con el objetivo, al menos, de que la financiación se pacte a tercios, aunque esa vía parece más que descartada. El último anuncio realizado por el equipo de gobierno es que establecerá una partida plurianual para todo el desarrollo del proyecto. Ello implica que, con los números actuales en la mano, el Consistorio será la institución que más dinero aportará en el proyecto si es que alguna vez existe un contexto de financiación estable.

El Gobierno nunca ha querido comprometer un cantidad específica. De hecho, en alguna de las reuniones se llegaron a barajar iniciativas que el Consistorio consideraba como inaceptables, como una línea de préstamos oficiales y no subvenciones a fondo perdido, como la establecida en tantos otros equipamientos. El equipo de gobierno lleva trabajando años en intentar meter al Ejecutivo en el plan de financiación. Los propios episodios críticos del proyecto o los cambios de equipo ministerial en Industria y Comercio, que es el que tiene que desarrollar la propuesta, han bloqueado cualquier tipo de acuerdo. En el palacio de congresos de León no se han producido problemas de estas características. El ministro Joan Clos cerró el acuerdo de participación y Miguel Sebastián se está encargado de ejecutarlo. El gobierno municipal de Córdoba intentó en su momento cerrar el acuerdo cuando el ex alcalde de Barcelona aún seguía con la cartera ministerial. El equipo saliente decidió que fuese el nuevo responsable quien desarrollase las conversaciones para no entorpecer su gestión.

En el caso de León, que el proyecto se encuentre en desarrollo no ha sido óbice para que se desarrolle un marco de financiación estable. El palacio de congresos de Córdoba se encuentra siempre con la misma explicación para que no se realicen compromisos de aportación en firme. La tesis más generalizada por parte del Gobierno y de la Junta es que, al no haber un proyecto definido, no es posible llegar a un acuerdo político sobre el compromiso de financiación. La ciudad natal del presidente del Gobierno tuvo un plan de financiación cuando el proceso de selección del arquitecto se hallaba finalizado pero aún no se encontraba finiquitado el proceso de diseño del edificio.

El Gobierno pretende transferir un millón de euros al Consistorio para gastar la partida de los Presupuestos Generales del Estado. El primer envío de dinero hacia el proyecto de León asciende a cinco millones para la preparación y el seguimiento del proyecto.