Cuando parecía que el asunto había pasado a un segundo plano, la polémica por la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia Católica vuelve a estar de actualidad. Y lo hace a consecuencia del cambio de gobierno que, como en otros aspectos, ha derivado en un cambio de criterio. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha reconocido en una respuesta parlamentaria dirigida al diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado que, a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado, reclamará a la Iglesia Católica los bienes inscritos a su nombre en el Registro de la Propiedad que sean de dominio público. En el documento, fechado el pasado 5 de septiembre, el Gobierno señala que "el Ministerio de Justicia se encuentra en estos momentos procesando los datos para la realización del listado de bienes inmatriculados y se prevé que, una vez finalizado, se proceda a su publicación, de forma que se garantice el cumplimiento de la Ley Hipotecaria y la Ley Orgánica de Protección de Datos".

Antonio Hurtado explicó que "estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos facilitados por la propia institución". En el caso de Córdoba, y según los informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) la Iglesia tiene inscritos a su nombre unos 200 bienes, entre los que figuran casos como el de la Mezquita-Catedral o la plaza del Triunfo, junto al monumento. No obstante, este primer inventario incluye tanto los que se han registrado por medio de la ley hipotecaria como los que han llegado a manos eclesiásticas a través de herencias, donaciones o incluso la compraventa.

El obispo rechazó ayer realizar declaraciones sobre la intención del Gobierno socialista

Tras la elaboración del listado de los bienes que está realizando el Ministerio de Justicia, si se constata que la Iglesia ha inscrito bienes de dominio público como si fuesen privados, se procederá a "una depuración física y jurídica", según ha indicado el Gobierno. Esta "depuración" se hará conforme al "derecho sustantivo material", que a su vez está sometido a los principios constitucionales de "inalieanabilidad, imprescriptibilidad y inembargabilidad de los bienes de domino público", según figura en la respuesta parlamentaria. Esto significa, según Hurtado, que los bienes de dominio público, "la gran mayoría de los que ha inscrito la Iglesia a su nombre, no son transmisibles, no se pueden adquirir por posesión, ni se pueden embargar". En la respuesta, Justicia recuerda que, conforme a la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, "queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica". La institución eclesiástica pudo registrar esos bienes a raíz de la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP, que daba a esta institución la potestad de actuar como una institución pública.

El diputado señaló que, "aunque la Iglesia ha dicho que solo ha inscrito la posesión y no la propiedad, no es cierto, porque inmatricular significa inscribir en el registro por primera vez y la primera inscripción siempre es de propiedad". Hurtado se mostró seguro de que en el listado, que tiene previsto hacer público el Ministerio una vez lo tenga listo, "va a haber iglesias, catedrales, plazas públicas, murallas, edificios históricos, va a haber de todo".

En la respuesta se asegura que correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si el Estado tiene algún derecho sobre dichos inmuebles, siempre sometido todo ello al derecho a la tutela judicial efectiva. Para el parlamentario, la solución "más rápida" pasaría por que la Iglesia "corrigiese el error de inmediato y de forma voluntaria diese de baja los registros", ya que en caso contrario, el Estado "va a requerir de inmediato una rectificación de los registradores de la propiedad".

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, valoró ayer esta respuesta del Gobierno y aseguró que el Ejecutivo sería "totalmente irresponsable" si no reclamara la titularidad de la Mezquita-Catedral en caso de que se encuentre en la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia sobre los que tiene derecho el Estado. En una entrevista en Radio Córdoba Cadena Ser, Ambrosio aseguró que, "si no lo hace el Gobierno, existe la posibilidad de reclamar ante los juzgados, no como institución, porque el Ayuntamiento no ha sido nunca propietario de la Mezquita-Catedral y no podrá reclamar en ningún momento". Los juzgados, no obstante, ya rechazaron varias denuncias que reclamaban la titularidad pública del monumento, entre ellas una encabezada por el exalcalde Julio Anguita y otros exregidores.

"Esto no es una cuestión de una coincidencia ideológica, sino que es mi responsabilidad como alcaldesa en este momento de la historia", apuntó la regidora, quien se mostró convencida de que es su obligación "seguir trabajando para que la Mezquita-Catedral sea de dominio público y del pueblo, como ha sido siempre". Precisamente, Ambrosio ya anunció que esta misma semana estaría listo el informe elaborado por la comisión de expertos -presidida por Federico Mayor Zaragoza- y que podría establecer algún resquicio para reclamar la titularidad.

Por parte de la Diócesis, el obispo, Demetrio Fernández, rechazó ayer hacer declaraciones sobre el asunto, al igual que la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela.

Aunque la Mezquita-Catedral ha sido una de las banderas a nivel incluso nacional para exigir este listado de bienes inmatriculados, en la ciudad también se han abierto otros frentes en los últimos años respecto a algunos bienes de la Diócesis, como es el caso del Pocito, en la Fuensanta, una asunto que se inició en el mandato anterior cuando el gobierno municipal reclamó la titularidad.