Delegados del sindicato CSIF Córdoba y de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) se encerraron ayer a las 10:00 en el Centro Penitenciario de Alcolea para exigir al Gobierno central que garantice la equiparación salarial del conjunto del territorio con Cataluña, única comunidad autónoma con competencias en materia penitenciaria. Esta protesta, que finalizó a las 17:00 y que se ha organizado en todas las prisiones del país, tendrá su continuidad el próximo 12 de abril.

CSIF reclama al Ejecutivo central que convoque de "manera urgente la mesa de negociación para que pueda aprobar esta medida", según informó en una nota, en la que añadió que las organizaciones convocantes de estas movilizaciones señalan que estas diferencias salariales oscilan desde un mínimo de 1.600 euros (funcionario de oficina genérico) hasta los 25.000 euros en el caso de un director de centro penitenciario. Desde CSIF también se reclama la reclasificación de niveles, que supondría un gasto de 15 millones de euros, la asignación al grupo B de los actuales C-1, con un coste de 31 millones de euros, y la recuperación del 100 por 100 de las pagas extras perdidas en 2010, que conllevaría un gasto de unos 5 millones de euros.