El caso Torreblanca ha dado su primer paso en su periplo por los tribunales. La Fiscalía Provincial de Córdoba ya ha solicitado al juzgado de instrucción que abra una investigación para aclarar las supuestas irregularidades cometidas por varios agentes de la Policía Local encargados del control urbanístico de la parcelación Torreblanca, donde algunos de los implicados habrían construido edificaciones sin licencia. El Ministerio Público da este paso tras concluir que existen indicios de delito en la actuación de los agentes, que supuestamente falsificaron documentos y borraron datos de los archivos municipales para eludir su responsabilidad.

Tras estudiar durante varias semanas el informe que le remitió la secretaria del Pleno municipal, el fiscal jefe, José Antonio Martín-Caro, explicó ayer que los policías podrían enfrentarse a presuntos delitos de falsedad e infidelidad en la custodia de documentos públicos. Martín-Caro enumeró hasta cuatro irregularidades. La primera se trataría de la presunta falsificación de la firma de un particular en un acta de infracción urbanística. Los agentes, además, habrían alterado un registro oficial para dar por tramitados dos expedientes de infracción urbanística en una fecha "en la que realmente no lo fueron".

Los otros dos indicios de irregularidad penal están relacionados con posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos. En primer lugar, el fiscal señala la "supuesta desaparición de datos del registro oficial de la Policía Local", si bien toda la información fue recuperada posteriormente por los técnicos informáticos. Por otra parte, Martín-Caro apunta a la "supuesta desaparición de un acta de infracción urbanística". Para llegar a estas conclusiones, el fiscal jefe reconoció ayer que, además de utilizar el primer informe que le remitió la secretaria del Pleno, ha tenido que solicitar otros documentos al Ayuntamiento.

El informe de la Fiscalía no concreta cuántos agentes estarían implicados en la trama, si bien insiste en que "no hay indicio alguno" de que se trate de prácticas "generalizadas o que puedan afectar a un número importante de integrantes de la Policía Local". Todo esto, claro está, "sin perjuicio del resultado de la investigación judicial", apostilló el responsable del Ministerio Público.

Aparte de los indicios de delito, el Ministerio Fiscal descartó que otras de las conductas recogidas en los documentos municipales constituyan algún tipo de infracción penal. Es el caso de la construcción sin licencia de las viviendas en Torreblanca. Martín-Caro descartó la comisión de un delito contra la ordenación del territorio al tratarse de una zona que está clasificada como suelo urbanizable programado por el planeamiento urbanístico.

También descartó, por último, que sean delito las conductas relacionadas con la demora en la tramitación de los expedientes administrativos o la obstaculización en la investigación de los mismos. Martín-Caro argumentó que, por una parte, los expedientes se referían a meras infracciones administrativas y no a conductas delictivas. El fiscal jefe, por último, argumentó que el Código Penal no contiene preceptos para sancionar a los funcionarios que silencian infracciones detectadas en materias urbanísticas, al contrario de lo que ocurre si las sanciones fueran contra los recursos naturales.