La Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla ha comunicado a la Fiscalía General del Estado que tiene abiertas en estos momentos cinco causas de investigación sobre presuntas agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o instituciones religiosas, una de ellas en la provincia de Córdoba.

En concreto, el Ministerio Público mantiene abiertas causas en Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga, más otra en la Fiscalía de Área de Ceuta. La de Sevilla fue presentada el 9 de febrero y los hechos denunciados se remontan a los años 70, según detallan en una nota desde el departamento que dirige Ana Tárrago.

Por otra parte, en Cádiz, la pasada semana, los medios de comunicación difundieron otra denuncia presentada en los juzgados de San Fernando por hechos ocurridos en los años 80 y, hasta el momento, no ha sido remitida a la Fiscalía.

Este lunes finalizan los diez días de plazo que dio la Fiscalía General del Estado (FGE) a las diferentes fiscalías superiores (17) para que recaben y aporten los datos sobre agresiones y abusos sexuales a menores de edad en instituciones religiosas. La intención del Ministerio Público, según avisaba en el oficio que remitió, es tener una visión global de la situación después de las noticias aparecidas en medios en las últimas semanas.

Fuentes de la Fiscalía aseveran que si bien este lunes concluye el plazo, el departamento dirigido por Dolores Delgado no emitirá informe con toda la información recogida hasta que no se haya analizado la misma. La semana pasada trascendió que fiscalías como la de Baleares, Castilla-La Mancha o Galicia ya habían remitido los datos de los que disponen de sus diferentes fiscalías territoriales.

En el oficio de la FGE se apuntaba que el motivo de esta nueva instrucción es que en la actualidad los medios continúan recogiendo noticias relacionadas con estos hechos sobre los que ya en 2019 se interesó información. Con esta medida se busca tener una "visión global" de este fenómeno delictivo, según fuentes fiscales consultadas.

En ese escrito de dos páginas firmado por el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, se apuntaba que los informes que se remitieran debían incluir una identificación detallada, como el número, la fecha o la fiscalía concreta que lleva el asunto. Y decía que han de recopilar todos los procedimientos, tanto "los incoados en sede judicial como fiscal" y que tengan por objeto "el esclarecimiento de denuncias o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa".

Desde la FGE entienden que la información recabada en 2019 y que fue presentada al Ministerio de Justicia, departamento dirigido entonces por Delgado, "cumplimentó parcialmente la comunicación y los datos solicitados" por Justicia. Entonces, la FGE, que lideraba la fiscal María José Segarra, remitió un informe al Ministerio donde alertó de una "deficiente" respuesta al problema de los abusos en la Iglesia Católica en España y propuso investigar los casos del pasado, como han hecho en otros países como Australia, Holanda o Austria.