Los sindicatos de la enseñanza pública ANPE, CCOO, CSIF, UGT y Ustea, además del Frente de Estudiantes, la federación de asociaciones de padres Codapa y la comunidad educativa al completo (alumnado, profesorado, personal laboral y funcionario no docente) ha advertido de que el nuevo decreto de escolarización va a provocar la pérdida de aulas y de personal docente. 

Al término de la manifestación contra esta norma, a la que han asistido unas 6.000 personas según los convocantes y 5.000 la Policía Nacional, las organizaciones sindicales han leído un manifiesto en que el han vuelto a poner de manifiesto su rechazo a este nuevo decreto, que se ha llevado a cabo, según han señalado, "ignorando a la comunidad educativa".

Los sindicatos consideran "especialmente controvertidos los artículos 4.2, 4.3 y 9.4". Al respecto, han detallado que en los dos primeros se introduce el concepto de demanda social como uno de los criterios a tener en cuenta al programar la oferta educativa, "lo que supone mercantilizar la planificación educativa desde las preferencias particulares y esto conllevará, sin duda, el deterioro de la función social que debe cumplir la educación".

El artículo 9.4, por su parte, "es quizás el más grave de dicho decreto, y en él se indica que en los municipios o ámbitos territoriales en los que haya centros docentes públicos y privados concertados, las áreas de influencia para cada enseñanza se configurarán de forma que las familias tengan la máxima puntuación por el criterio de proximidad al centro del domicilio familiar o del lugar de trabajo en, al menos, un centro de cada tipo".

Las organizaciones sindicales que todo ello unido "supondrá una mayor pérdida de unidades públicas y, en consecuencia, de personal docente y del resto de recursos destinados a la escuela pública".

En el manifiesto también han aludido al cambio de las zonas de escolarización aprobadas para Córdoba, por las que la capital ha pasado a contar con siete áreas en lugar de nueve. Según los sindicatos, "el único objetivo de que los centros privados concertados estén presentes en todas ellas con el detrimento que ello supone para los centros públicos que verán mermada su oferta de plazas públicas en beneficio de estos centros privado concertados, a lo que se añade, de última hora, que los bachilleratos contarán con una zona única en la ciudad".

Por ello, sostienen que el decreto "suponen un ataque en toda regla a la enseñanza pública". "Tenemos la responsabilidad, como legítimos representantes de los trabajadores y las trabajadoras de la educación pública, como familias y alumnado, de defender nuestros intereses, de forma que no se pierda ni una sola unidad más en la escuela pública en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma", concluye el manifiesto.