Son miles las consultas y denuncias que recibe cada año el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Algunas son rechazadas y otras se quedan solo en eso, en una solicitud de información. Sin embargo, son muchas las que se admiten a trámite y se clasifican con el fin de que las administraciones ofrezcan una respuesta.

En el caso de Córdoba, la oficina de Maeztu gestionó durante el último ejercicio 657 quejas de ciudadanos y colectivos, según la memoria presentada recientemente en el Parlamento. Eso significa que ha aumentado sensiblemente el número de hechos denunciados, concretamente en un 55%, ya que en 2017 se registraron en la provincia 423 quejas.

Pero ¿qué preocupa a los cordobeses? Pues principalmente las políticas sociales. Es lo que se desprende del informe, sin olvidar otras materias sensibles como la educación. La institución divide el reparto de sus quejas en 27 apartados, de manera que de las 657 correspondientes a la provincia de Córdoba, la sanidad es la que más expedientes acumula, con 83. Le siguen la dependencia con 67 casos y los servicios sociales con 62, de manera que las llamadas políticas sociales suman 212 quejas, o lo que es lo mismo, el 32% de todas las que gestionó el Defensor del Pueblo en el último año.

Estos datos ponen de manifiesto la preocupación de los ciudadanos por estos asuntos y que van ligados, por ejemplo, a las listas de espera que acumula la Junta de Andalucía en dependencia o Salud y que ha llevado al Gobierno autonómico a la puesta en marcha de sendos planes de choque.

Jesús Maeztu recomienda un Plan Director para la Mezquita-Catedral

Además de las políticas sociales, las denuncias de los cordobeses han tenido que ver, en 60 expedientes, con problemas en educación, 53 en el trato recibido por el personal del sector público, 31 con casos de menores, 41 asuntos de consumo, 42 con la vivienda y 37 con el medio ambiente, 20 de urbanismo y 21 de prisiones.

Esos son los números que hacen referencia a las quejas admitidas a trámite, que suelen agrupar a los problemas más graves que detecta el Defensor del Pueblo. No obstante, a esas denuncias habría que sumarle las consultas y otras solicitudes, hasta alcanzar los 1.083 expedientes en total en el caso de Córdoba.

Expedientes de Córdoba ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

Si se analiza el global –quejas y consultas– los asuntos sociales se elevan hasta el 59% de los casos. Como curiosidad, las quejas presentadas por hombres y mujeres son prácticamente las mismas, si bien son ellas las que más consultas –que no acaban en denuncias– realizan a esta oficina, con casi 600 del global provincial.

En el apartado de mejoras en el régimen jurídico de tutela del patrimonio, el Defensor del Pueblo Andaluz hace una mención específica a la Mezquita-Catedral de Córdoba, en referencia a una queja en la que “un colectivo que discrepaba de variados usos dados a este universal recinto que, entendían, distorsionaban el sentido de tan excepcional patrimonio”.

Jesús Maeztu responde que “el significado de la Mezquita-Catedral de Córdoba va mucho más allá de pretender resumirla, o reducirla, a mezquita o como catedral” y que en su resolución hace algunas valoraciones. La primera, a modo de “recomendación”, pide a la Delegación de Cultura de la Junta que ejerza las funciones de “supervisión, control y autorización de las actuaciones sometidas a dicho régimen normativo, en particular sobre los usos y actividades desplegadas en el conjunto monumental”.

Pero además, como sugerencia, apunta que se tomen medidas para la “elaboración, discusión y aprobación de un Plan Director de la Mezquita-Catedral”, así como que se potencie “el eficaz funcionamiento de los órganos de actuación conjunta establecidos entre la Junta de Andalucía y los representantes de la Iglesia católica para el cumplimiento de los objetivos fijados en la normativa de protección, conservación, investigación y difusión de los valores de la Mezquita-Catedral de Córdoba”.

El Defensor del Pueblo va un poco más allá y también expone en su memoria que además de aceptar su resolución, “hemos de destacar la importancia estratégica de la definición de un Plan Director que, además de ser compartida por la Delegación de Cultura, se anuncia la realización de unos trabajos de estudio, junto a la Dirección General de Bienes Culturales y el propio Obispado, para la aprobación de dicho Plan Director. En todo caso, persistiremos en la labor de continuidad y seguimiento que el asunto merece y que ocupará la atención en futuras intervenciones de esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz”, dice.

En cuanto a las instituciones afectadas por las quejas de los ciudadanos, el estudio señala que 102 van dirigidas a los ayuntamientos de la provincia y, de ellas, 44 corresponden al Consistorio de la capital. De la Diputación se contabilizan ocho de esas denuncias y 34 están ligadas al funcionamiento de la Universidad de Córdoba. En políticas sociales las provincias más afectadas, siempre en relación a su peso poblacional, han sido Huelva, Córdoba y Sevilla.