Han sido condenados, pero su sentencia espera en los archivos de los juzgados. Decenas de conductores penalizados por cometer delitos al volante no han podido saldar todavía sus deudas con la Justicia debido a que la resolución impuesta ha sido, hasta el momento, imposible de cumplir. El motivo siempre es el mismo: la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no posee plazas suficientes para que todos los procesados por estos delitos cumplan los trabajos sociales a los que son condenados.

Según los datos de la Fiscalía Provincial de Córdoba, un total de 996 personas han sido procesadas por superar los límites de velocidad, ponerse al volante con unas copas de más o ir sin carné desde el pasado mes de diciembre. Y decenas de ellos, condenados, esperan desde hace meses a que la sentencia se pueda ejecutar. La reforma del Código Penal que endurece los delitos de tráfico entró en vigor en diciembre del año pasado con la intención de reducir los accidentes de tráfico y las muertes al volante. Este objetivo se ha cumplido, pero no así el carácter punitivo de la norma: "La intención fue buena. Pero el Gobierno no habilitó el presupuesto necesario para que los reos cumplieran las condenas de trabajos sociales", indicó un juez de la capital.

En esta idea hay unanimidad en todos los órganos penales de Córdoba, que observan cómo desde hace meses Instituciones Penitenciarias se muestra incapaz de encontrar trabajos para todos los procesados. "Se remite un testimonio de la sentencia al Centro de Inserción Social (CIS) de Las Quemadas [dependiente del centro penitenciario] con la pena que tiene que cumplir el individuo, y los funcionarios lo llaman. Multitud de procedimientos se quedan ahí, en el acuse de recibo del CIS", alertó otro juez. Según estas fuentes, el retraso en la ejecución de las penas es de "meses", hasta el punto de que "hay ejecutorias de enero y febrero que están todavía pendientes".

En este contexto, y de manera sistemática, los órganos judiciales se ven obligados a archivar provisionalmente decenas de expedientes. El problema surgirá en unas semanas, cuando algunas de las sentencias empiecen a prescribir y los reos se queden sin cumplir las condenas. Según las fuentes consultadas, esto podría ocurrir a partir de febrero. La clave está en que el Código Penal indica que las penas leves -menos de 30 días de trabajos sociales o multas de hasta dos meses- prescriben al año de declararse firme la condena. Y en estas horquillas se incluyen la mayoría de condenas por delitos de tráfico.

"Instituciones Penitenciarias no tiene funcionarios, ni lugares, ni centros adecuados para que los conductores cumplan la condena", indicó otro juez consultado. Numerosos municipios de la provincia, por ejemplo, aún no poseen convenios con la prisión para habilitar trabajos en beneficio de la comunidad, y en otras ocasiones los recursos poco tienen que ver con el delito cometido. "Lo conveniente sería que un conductor sentenciado visitara un centro de tetrapléjicos o acompañara a la Guardia Civil, pero eso no ocurre", advirtió el magistrado. Barrer el patio de la cárcel o limpiar unos jardines suelen ser la alternativa: "Lo que no puedo hacer es no ejecutar la condena porque los trabajos no tengan relación", concluyó el juez.