El juicio del caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba que comenzó en el Juzgado de lo Penal número 4 de la capital días antes de decretarse el estado de alarma por el coronavirus está pendiente de la prolongación del citado estado y las medidas que se lleven a cabo de cara a la posibilidad de retomarse y cómo lo haría.

Según han informado fuentes judiciales, "está suspendido y no hay fecha para continuar" debido al estado de alarma, de manera que "aún no se sabe nada" sobre cómo se retomará, según remarcan sobre un caso que trascendió en 2014 y ha empezado a juzgarse en este 2020.

El juicio se paralizó cuando tan solo habían declarado tres de los ocho acusados, que negaron ante la juez Inmaculada Nevado que hayan llevado a cabo en sus labores de impartición de cursos el delito de falsedad de documentos por el que han sido procesados.

Estas ocho personas están acusadas de delitos continuados de falsedad en documento público, así como en dos casos por fraude en subvenciones, por los que se enfrentan a sendas penas de tres años de cárcel para los ocho y multas de 27.000 euros para seis procesados y 300.000 euros para dos.

Uno de ellos, gerente de una sociedad con el 60% de participación en ella, manifestó que subcontraron a una empresa para la docencia de cursos de técnico de sonido, tras pedir distintos precios a empresas, todo ello con conocimiento de la Junta de Andalucía, que subvencionó a dicha sociedad, aunque el cobro de unos 19.000 euros lo recibió la citada empresa.

Según señaló, no recibió notificación de la Junta "por alguna incidencia", aunque sí pidió el reintegro de algunas cantidades, que finalmente no han tenido que pagar "nunca nada", tras ganar en distintos recursos, según el acusado, quien dijo que el hecho de que él facturara unos 2.400 euros como tutor es por "un tema administrativo".

Por otra parte, el segundo procesado negó haber falsificado firmas de alumnos en la entrega de material para un curso de programador de aplicaciones informáticas, con folios, bolígrafos, marcadores, rotuladores, grapas y gomas, que se repartían "tres o cuatro veces durante el curso" y los alumnos al final tenían que entregar los partes de firma y un recibo de entrega de material, según detalló, para subrayar que "cuando terminó el curso no quedó material, todo se entregó a los alumnos".

Y el tercer acusado, en cuanto a la impartición de un curso relacionado con obras, precisó que su exmujer cobró con un talón nominativo a su nombre, cuya cuantía imagina que "iría a parar a la casa" en la que ambos convivían en su momento, a la vez que declaró que ella "falta a la verdad" al decir que "no ha visto un euro". Según defendió, no ha habido fraude a Hacienda, y precisó que su exmujer iba a ejercer de profesora, pero no se vio capacitada para seguir por la crianza del bebé que tenían.

A falta de la declaración de los testigos

El juicio estaba pendiente de continuar con la declaración de testigos, al tiempo que la juez declaró en rebeldía al cuarto procesado por el que se sigue la causa, después de que los otros cuatro acusados de delitos continuados de falsedad en documento público y en uno de los casos también por fraude en subvenciones concedidas por la Junta ya han reconocido los hechos.

De esta manera, el fiscal y el letrado de la Junta de Andalucía renunciaron a todos los testigos vinculados con dichos procesados, para quienes inicialmente el Ministerio Público ha solicitado sendas penas de tres años de cárcel y multas de 27.000 euros para tres de ellos y 300.000 euros para quien igualmente está acusado de fraude en subvenciones.

Los restantes acusados se enfrentan a las mismas penas de prisión y multas, excepto el hombre fugado de la justicia, para quien sí piden los mismos años de cárcel, pero la multa es de 300.000 euros al estar también procesado por un delito de fraude de subvenciones.