Los sindicatos CCOO y UGT y la patronal de la construcción, Construcor, han acordado establecer la jornada continuada en el sector en la provincia de Córdoba en tanto se mantenga la declaración del estado de alarma dictado para frenar la pandemia del coronavirus. Esta medida se acuerda "con la finalidad de reducir el riesgo que supone la mera presencia de las personas trabajadoras en los centros de trabajo", ha sañalado CCOO.

De esta forma, la jornada laboral será de siete horas diarias efectivas de trabajo de lunes a viernes, sin que el periodo de descanso tenga la consideración de trabajo efectivo. Las horas dejadas de trabajar al reducirse la duración diaria de la jornada efectiva de trabajo se recuperarán una vez pierda vigencia la declaración del estado de alarma y en la forma que las empresas y los trabajadores acuerden. CCOO ha recordado que las horas ordinarias efectivas de trabajo no pueden exceder de 9 horas diarias.

El sindicato ha valorado de forma positiva el acuerdo, "que permitirá al sector adaptarse a las excepcionales circunstancias actuales, si bien insiste en que se debería ordenar el cese preventivo de todas las obras que no sean esenciales para la población", han apuntado.

El acuerdo se alcanzó tras analizar las dificultades que tanto las empresas como los trabajadores están encontrando para mantener la actividad y la prestación laboral en una situación de emergencia sanitaria. En especial, las que inciden en el desplazamiento de las personas trabajadoras a los centros de trabajo, el transporte y abastecimiento de suministros necesarios para el desarrollo de las obras y servicios, la coordinación imprescindible para la ejecución de las distintas tareas o las dificultades que empiezan a constatarse para disponer de algunas de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias. 

No obstante, sindicatos y patronal quieren han hecho "una llamada de atención para recomendar a las empresas y trabajadores la necesidad de evaluar de manera permanente las condiciones en que se desarrolla la actividad y tomar las decisiones de carácter organizativo que fueran precisas para asegurar en todo momento la protección de las personas presentes en los centros de trabajo, incluso la interrupción total o parcial de los trabajos".

Además, ambas partes se comprometen a realizar "toda clase de gestiones a su alcance para que por el Gobierno de España se clarifique el alcance de las medidas aprobadas por el Real Decreto en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada". Con ello, buscan "evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre el empleo del sector, permitiendo la flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo y la mejora de la cobertura".