Un informe del departamento municipal de Recursos Humanos, cuya responsable es la delegada Antonia Luisa Sola, ha tumbado el diseño de la convocatoria de las oposiciones montadas por el Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec) y que, al parecer, fueron negociadas por la dirección de la entidad y el sindicato UGT, cuya representante de los trabajadores ha presentado su dimisión porque no se corresponde el diseño definitivo de la convocatoria a los acuerdos alcanzados con los trabajadores.

El informe tiene doce puntos pero se puede resumir en uno. No puede haber diferencias entre las convocatorias de personal que se convocan en el Imdeec y las que se llevan a cabo en el Ayuntamiento. Las personas que consigan superar las oposiciones tendrán la condición de laboral fijo del Imdeec pero pasarán a formar parte del área municipal de Empleo una vez que este organismo autónomo desaparezca.

Por ejemplo, Recursos Humanos advierte al Imdeec que todas las convocatorias tienen que estar presididas por el secretario de la Junta de Gobierno Local, un funcionario habilitado, que es el fedatario de las decisiones del gobierno. En segunda lugar, no considera acreditado que se trate de una convocatoria de consolidación de plazas por lo que altera la forma de puntuar los distintos exámenes. Los técnicos de grado medio tendrán un 30% de la nota por concurso de méritos y un 70% de la oposición, lo que reduce la importancia del currículum que había diseñado el Instituto. En el resto de categorías, la relación tiene que ser de 35-65 frente a la que había propuesto la entidad, del 40-60.

El documento municipal advierte de que no son acordes con la política municipal en esta materia, por ejemplo, la forma de puntuar los exámenes y modifica la forma prevista de valorar los méritos o de a partir de cuándo empieza a contar la antigüedad de un trabajador. Recursos Humanos llama la atención de que para que un puesto de administrativo se valore se debe tener un título universitario. Cree que es incorrecto. Propone que los ordenanzas no tengan que contar con estudios acreditados de ningún tipo. Por oponerse, Personal advierte que se deben cambiar hasta el propio sistema de los exámenes planteado.

Recomienda vivamente que se dé cauce al recurso planteado por CTA antes de realizar una convocatoria para evitar posibles inseguridades jurídicas futuras.