El Consejo del Movimiento Ciudadano se ha reunido con el fiscal delegado de protección de personas con discapacidad en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, para conocer la situación de la atención en salud mental en Córdoba capital y en Andalucía.

El organismo ha señalado que del análisis de la Fiscalía se valora como "muy necesario" que Salud Mentaldedique también sus esfuerzos a los pacientes mentales que por carecer de conciencia de enfermedad no tienen vinculación al tratamiento, no acuden a los dispositivos por lo que empeoran creando insoportables situaciones familiares y vecinales o, simplemente, viven en la calle.

Esta actuación “fuera de los despachos” (atención domiciliaria) está ya prevista en la Ley General de Sanidad de 1986 y en Andalucía se elaboraron incluso unos protocolos para llevarla a cabo que no se cumplen en la inmensa mayoría de los casos, ha recordado.

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha indicado que del análisis de la Fiscalía se desprende que el servicio público de salud mental está sobredimensionado y funciona bien respecto de los padecimiento comunes (depresión, distimia, etc…) que suponen cerca del 90% de la dedicación de los recursos y funciona de modo pésimo en relación con el colectivo de pacientes mentales graves que no acuden voluntariamente a tratarse y se encuentran en estado de “abandono”terminando más pronto que tarde en prisión por el pernicioso efecto de los denominados “juicios rápidos”.

Así, se ha comprometido a incrementar su labor reivindicativa en este campo ante las administraciones competentes. Igualmente, este organismo que preside Juan Andrés de Gracia ha mostrado su apoyo a la necesidad de que se cree una Fiscalía especial a nivel estatal sobre discapacidad que se convierta en un ariete legal a favor de la atención adecuada a las personas con enfermedad mental. 

Esta organización también ha apoyado las reivindicaciones de la asociación Apaig de Córdoba, presente en la reunión, para que se creen nuevos centros y plazas para atender a jóvenes psicodeficientes en la comunidad andaluza, ya que los centros específicos existentes actualmente no tienen plazas disponibles y hay lista de espera de más de dos años, lo que provoca la desesperación de los familiares.