Córdoba

Confirman la pérdida de 2,8 millones por el retraso del exgerente de ADIF

  • Un informático dice que la carta en la que se pedían avales a la sociedad se hizo un mes después de la fecha introducida en el registro

Un momento de la primera sesión del juicio, celebrado en la Audiencia Provincial. Un momento de la primera sesión del juicio, celebrado en la Audiencia Provincial.

Un momento de la primera sesión del juicio, celebrado en la Audiencia Provincial. / el día

Los peritos que declararon ayer en el juicio al exgerente de mantenimiento de ADIF en Córdoba en 2007, Enrique Finch, -acusado de delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, tras supuestamente pedir dinero "encubierto" para conceder una autorización de unas obras a una sociedad en un polígono de Andújar (Jaén)- confirmaron que el promotor de las obras llegó a tener pérdidas por unos 2,8 millones de euros por esta actuación. Se trata de una cuantía denunciada por la compañía CM Brillante, que iba a hacer la obra en el citado polígono industrial, tras comprar el terreno en 2006.

Durante la sesión celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia, que continuará hoy con los informes finales, dos peritos citados por la acusación, concretamente un arquitecto y un aparejador, expusieron sus informes sobre las pérdidas que han calculado. A la sesión también acudió un informático, aportado por la acusación, que aseveró que la carta en la que se pedían avales a la sociedad supuestamente se realizó un mes después de la fecha introducida en el registro, entre otras declaraciones de peritos de esta jornada.

Al respecto, el acusado ya manifestó en la primera sesión del juicio que "nunca" requirió dinero al empresario, ni representante de la entidad para las obras en cuestión. También explicó que en un encuentro con el empresario fuera de la oficina le dijo que "se habían devuelto todos los avales de los trámites de autorización que sumaban unos 180.000 euros", pero negó que le dijera que "todo se arreglaría si le entregaba 180.000 euros".

Cuestionado por la carta presentada antes de su declaración en fase de instrucción, por la que se archivó el caso, pero luego se reabrió al considerarse que supuestamente es falsa, el acusado señaló que era "para informar de que se habían devuelto los avales" citados, al tiempo que ha remarcado que "nunca jamás" ha pedido dinero y que le hicieron "una insinuación" como que "si se resolvía pronto" la concesión "sería agradecido".

En respuestas a todas las partes, el imputado incidió en varias ocasiones en que "nunca" modificó requisitos para alargar el trámite de concesión de cara a autorizar las obras y que desde la sociedad tardaron "hasta un año" en responder a algunos documentos, entre otros aspectos que ha detallado. También apuntó que construyeron "sin autorización" de Adif "generando riesgo" para las vías.

La fiscal del caso ha pedido para él una pena de cuatro años de cárcel y 400.000 euros de multa, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un año de prisión, así como suspensión de empleo o cargo público por tres años, otra multa de 4.320 euros e inhabilitación especial por tiempo de cinco años.

Según recoge la calificación inicial del Ministerio Público, desde el año 2007 que comienzan a ejecutarse las obras, el cargo de Adif, que era el responsable en la zona, presuntamente comenzó a exigir a la empresa "determinados condicionantes, que conforme se van solucionando, van cambiando, alargándose así en el tiempo de manera innecesaria", cuando las obras debían haber acabado "mucho antes, con el consiguiente perjuicio para la sociedad", puesto que no podía vender los terrenos. Tras prolongarse en el tiempo la obtención de la autorización, el representante legal de la sociedad contactó con el procesado para "intentar solucionar los problemas", al tiempo que contrató a un detective privado en julio del año 2010, después de que el acusado supuestamente realizó a otra persona "algunas insinuaciones respecto al dinero que se podía ganar, considerando el citado que pudiera tratarse de una petición encubierta de dinero, imprescindible, para obtener la repetida autorización".

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