El Juzgado de lo Penal número cuatro de Córdoba ha condenado a una mujer por agredir a una facultativa en el centro de salud de Fuente Carreteros, Entidad Local Autónoma (ELA) dependiente de Fuente Palmera, a la que golpeó después de que la facultativa le dijera que debía sacar número para Urgencias al haber acudido a consulta sin cita previa.

Los hechos, según informó ayer el Sindicato Médico Andaluz (SMA), ocurrieron en diciembre de 2014, cuando la ya condenada acudió a consulta de su médica de familia a última hora de la mañana, sin cita previa, exigiendo atención médica inmediata para su hija, a lo que la facultativa le respondió que sin cita previa debería sacar número para Urgencias, con la finalidad de que la visita quedara registrada. Ante esta indicación, siempre según el relato del SMA, "la condenada comenzó a insultar y a amenazar gravemente a la facultativa a quien, cuando ésta se disponía a informar a un Policía Local presente en el consultorio, también agredió físicamente de modo muy violento, ocasionándole lesiones en cuero cabelludo y columna cervical".

Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2014 en el consultorio de Fuente Carreteros

La resolución, que ya es firme, además de condenar a la agresora a seis meses de prisión también la sentencia por delito de amenazas y falta de lesiones a una multa y a indemnizar a la agredida por las lesiones causadas, prohibiéndole además el acercamiento a la facultativa.

El Sindacto Médico Andaluz, que ha ejercido en este proceso la acusación particular, lamentó que "hechos como éste sucedan en nuestros centros sanitarios y sean noticias cada vez más frecuentes en los medios de comunicación". Recordó también su "firme decisión de ser absolutamente contundentes en las actuaciones legales, pidiendo las máximas penas para cualquiera que use la violencia física contra quienes tienen como misión prestar la mejor atención sanitaria posible a los usuarios". A pesar de que mostró su satisfacción por la sentencia, la organización sindical lamentó "la lentitud de nuestro sistema judicial, por la tardanza de una sentencia condenatoria firme tras más de tres años desde que ocurrieran los hechos y, por otra parte, de la ausencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) como parte acusadora ante la agresión a uno de sus facultativos en el ejercicio de sus funciones públicas".