El Pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha decidido por unanimidad interponer una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, y las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía, por un delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios andaluces.

En este colectivo se ha alcanzado un 23% de contagios por covid-19 debido a "la falta de material de seguridad, de personal y a la descoordinación entre las administraciones públicas en la gestión de los servicios sanitarios, dejando a los trabajadores que los integran en el más absoluto desamparo".

Los ochos presidentes de los colegios provinciales de Enfermería andaluces han determinado recurrir a la vía judicial ante "la gravísima situación que están sufriendo las enfermeras y enfermeros de nuestra comunidad autónoma junto al resto de profesionales sanitarios, que se están jugando la vida y la de los familiares con los que conviven, así como la de los pacientes a los que atienden, obligados a prestar la asistencia sin disponer de las medidas de seguridad necesarias para protegerse"; esto es, equipos de protección individual adecuados, mascarillas FFP2, batas impermeables, monos, protecciones oculares adecuadas y guantes.

Una escasez de materiales de protección a la que se suma la "carencia de otras medidas preventivas" como son los test de detección homologados, lo que se viene advirtiendo de forma reiterada en las últimas semanas tanto por parte de la Organización Colegial de Enfermería en su conjunto como concretamente desde el Consejo Andaluz, reclamando la falta de medidas de protección.

La organización destaca la falta de coordinación en la gestión entre las administraciones públicas

Pese a estas reiteradas reivindicaciones elevadas desde esta organización a las autoridades sanitarias, "la situación, lejos de mejorar, continúa empeorando". Actualmente, en España hay confirmados 85.195 contagiados por el coronavirus, de los cuales 12.298 corresponden a profesionales sanitarios, un 14% del total.

Este dato es "totalmente inasumible" para la Organización Colegial, máxime si se compara con el porcentaje de sanitarios contagiados en otros países donde la crisis ha golpeado con similar virulencia (9% en Italia, 4% en China).

En ese sentido, el Consejo Andaluz de Enfermería destaca que el propio director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, admitía que el contagio de los profesionales sanitarios, y el hecho de que la tasa sea mayor que la de otros países afectados, "puede deberse a la escasez de equipos de protección".

Con toda la "gravedad y alarma" que estos datos comportan a nivel nacional, la situación se agrava aún más en Andalucía, donde el número de sanitarios contagiados asciende a 1.252 casos, según fuentes de la Consejería de Salud.

Este dato "enciende todas las alarmas en nuestra comunidad", pues supone que el porcentaje de contagios entre los profesionales sanitarios alcanza "un sobrecogedor 23%" del total, lo que pone en evidencia "la situación a la que se están enfrentando nuestros profesionales en sus centros de trabajo, sin medios materiales de protección para enfrentarse a esta crisis sanitaria sin contagiarse".

Así, el CAE señala que la "constante reivindicación" mantenida durante los últimos años -y que ha sido "desatendida por los consecutivos gobiernos regionales"- de la imperiosa necesidad de contar con un número suficiente y adecuado de enfermeras "se hace ahora más patente si cabe".

En esa línea, recuerda que la situación en Andalucía "siempre ha sido deficitaria", situándose la penúltima en la ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes (459), a la cola en comparación a la media de las regiones españolas, en algunas de las cuales incluso llega a doblarse el número de estas profesionales por habitante.

"Esta inaceptable situación muestra el desamparo al que se enfrentan nuestros profesionales", indican desde la organización. "El desoír de la Administración sanitaria a la que la Organización Colegial de Enfermería se ha dirigido por todos los medios y de forma reiterada mediante comunicados, manifiestos y cartas dirigidas al consejero de Salud y demás responsables políticos ha provocado que los ocho presidentes provinciales que conforman el Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería se hayan visto obligados a interponer esta denuncia ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)", aseveran desde la entidad.

Para la organización colegial andaluza es "vergonzoso" que, como consecuencia de la "constante improvisación de los responsables políticos nacionales y autonómicos y su penosa gestión, no se disponga de suficientes instalaciones hospitalarias apropiadas y material como respiradores". A la vez, critica que "no sean capaces de adquirir material adecuado de protección y que para solventarlo haya enfermeras y enfermeros que estén supliendo esa escasez de recursos con medios de protección de elaboración doméstica que, en ocasiones, les está regalando la propia ciudadanía".

En definitiva, se está produciendo un "auténtico atentado" contra la seguridad de los profesionales sanitarios, y además no solo contra ellos, sino también contra todos sus pacientes y sus familiares más próximos, y por ende, contra la población. Por todo ello, el CAE entiende que estas "inasumibles condiciones de trabajo" son constitutivas de un delito tipificado contra la seguridad en el trabajo de los profesionales sanitarios.