¿quién prestará el servicio de ayuda a domicilio a partir del próximo 25 de julio? Esta es la pregunta que se hizo ayer el portavoz del PP, José María Bellido, acompañado por la edil popular María Jesús Botella, tras desvelar que la empresa adjudicataria del contrato, Clece, comunicó el pasado 20 de febrero al Ayuntamiento que no tiene intención de prorrogar el contrato que mantiene con la administración, por lo que la vinculación expirará el próximo 24 de julio. Entre los motivos que esgrime la empresa figuran "las acciones y manifestaciones" activadas en las últimas semanas y que consideran "desmedidas e injustificadas". "Es un hecho fehaciente que el propio Ayuntamiento ha participado en alguna medida pero de forma explícita", añaden desde Clece, que entienden que las manifestaciones "tienen un interés claramente ajeno a la buena asistencia que Clece presta a los usuarios del servicio o al cumplimiento en materia laboral". Esto está produciendo, lamentan, "un daño a la imagen de nuestra empresa totalmente injustificado y de carácter irreparable".

Fue el propio delegado de Servicios Sociales, Rafael del Castillo, quien anunció en diciembre la posibilidad de municipalizar el servicio para ofrecer "un empleo digno y una asistencia de calidad" y poniendo en duda la prestación que realiza la actual empresa. Clece, por su parte, defiende en su escrito que desde que ofrecen la ayuda domicilio, hace ocho años, "hemos conseguido la satisfacción de este Ayuntamiento" mientras que "la paz social ha imperado. "Clece regularizó las deficiencias laborales existentes cuando heredó este servicio", como el abono de nóminas con adelanto, las jornadas de cinco en lugar de seis días o el incremento de indefinidos.

Bellido lamentó que no se diera esta información antes de constituir la comisión que va a estudiar la municipalización del servicio y que se vaya a crear "falsas expectativas" a los trabajadores. El portavoz popular lamentó que "el gobierno municipal pone en riesgo el servicio de la ayuda a domicilio" ya que "las empresas ya no confían en el Ayuntamiento, cuando el contrato es de 12 millones de euro al año". Por todo ello, pidió al cogobierno que "aclare y diga cuál es el cronograma y solución prevista desde marzo hasta julio para asegurar el servicio a los dependientes de la ciudad", así como que "abandone la irresponsabilidad y frivolidad que pone en riesgo servicios del Ayuntamiento".