El Cabildo Catedral de Córdoba se refirió ayer al informe de la comisión de expertos que afirma que la Mezquita nunca fue propiedad de la Iglesia y recomienda que se recurra la inmatriculación. Ante esto, el Cabildo respondió que el documento "no ofrece argumentos jurídicos que avalen la tesis que sostiene que el templo era de propiedad pública y basa sus conclusiones en argumentos puramente ideológicos. Del mismo modo, tampoco aporta fuentes documentales sobre el conjunto de realidades en los que basan sus hipótesis". Además hizo un llamamiento la "responsabilidad" a los políticos e instituciones para que "no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba, que tiene derecho, como toda comunidad católica en cualquier parte del mundo a tener su propia Catedral como lugar referente de culto de toda la comunidad diocesana".

El Cabildo hizo un recorrido por las "numerosas instancias judiciales y de la Administración" que han reconocido la Mezquita-Catedral como propiedad de la Iglesia desde 1236. Así, destacaron que en 2014 la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda señaló en un informe que el monumento "no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado".

También hicieron referencia a otros documentos como el Convenio de Colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el Cabildo Catedralicio el 19 de diciembre de 1991, en el cual se reconoce al Cabildo como titular del monumento, que se cita como Catedral de Córdoba, antigua Mezquita". "Llama la atención que este documento presentado incida en que el Ayuntamiento puede reclamar la propiedad del templo cuando un informe de la asesoría legal del propio consistorio reconoce que el monumento nunca ha formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba", apuntaron.

Además, el Cabildo recordó que "el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015" que la Mezquita-Catedral "es propiedad de la Iglesia desde 1236, y desde entonces, ha sido poseída por la Iglesia Católica de manera pública, pacífica e ininterrumpida". También a nivel internacional, "la Comisión Europea se pronunció en 2016 afirmando que no existe base legal para intervenir y se remitió a la legislación nacional en aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad del templo, que reconoce que el propietario es la Iglesia Católica".