Csif denunció ayer la paralización del Comité de Investigación Interna de Casos Acoso en el ámbito de la Administración sanitaria, "lo que provoca que no estén siendo atendidos los distintos procedimientos de denuncia presentados por los profesionales que sufren situaciones de hostigamiento en sus puestos de trabajo".

El Sector de Sanidad de CSIF informó de que, al solicitar el estado de los expedientes pendientes en ese órgano "debido al importante retraso que arrastraban, tuvo conocimiento de que el responsable del mismo había dimitido, sin que ese puesto hubiera sido suplido ni se hubiera impulsado ninguna medida para corregir esta situación".

CSIF señaló que la situación es "especialmente preocupante en el Hospital Universitario Reina Sofía, ya que muchas profesionales presentaron el año pasado denuncias ante este comité por los episodios de estrés sufridos en respuesta a las formas autoritarias de los cargos intermedios a la hora de proceder con los trabajadores y de gestionar los distintos servicios". El sindicato aseguró también que este clima laboral ha derivado más de una vez en ataques de ansiedad padecidos por estos profesionales "ante la inasumible sobrecarga laboral a la que tienen que hacer frente".

El Sector de Sanidad de CSIF Córdoba envío un escrito a la delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María de los Ángeles Luna, en el que se recuerda que "muchos de los asuntos tratados en el Comité de Investigación Interna de Casos de Acoso en el ámbito de la Administración sanitaria pueden derivar en procedimientos cuya competencia corresponde al orden Penal". Por ello, continuó, "les instamos a que se realicen las gestiones oportunas a fin de que se cubran los puestos vacantes de este órgano en el menor plazo de tiempo posible y, así, posibilitar la continuidad de la tramitación y la resolución de los expedientes".

Fue en mayo de 2015 cuando la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales constituyó un comité de investigación interna para situaciones de acoso en la administración sanitaria compuesto por profesionales de atención primaria, especializada y del Instituto Andaluz de la Mujer. Este comité, según informó entonces la Junta, "tiene como cometido garantizar la protección de los empleados públicos así como la prevención y erradicación de situaciones de acoso". Desde su puesta en marcha, cuando se recibe una denuncia por alguna causa discriminatoria se traslada al comité, que es el encargado de realizar su tramitación, desarrollar una investigación, designar a la persona mediadora cuando se considere oportuna su intervención, elaborar un informe concluyente y, por último, proponer las medidas que se deben adoptar.