El vertido de orujo en el río Guadalquivir ha dejado sobre su cauce cuatro toneladas y media de peces muertos. Es el cálculo que ayer hizo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), después de que los técnicos de la compañía Tragsa hayan iniciado los trabajos de limpieza del río tras el vertido de orujo de la empresa Oleícola El Tejar. Esta cantidad de peces se traduce, según las fuentes consultadas por el Día, entre 30.000 y 50.000 unidades. Las mismas fuentes incidieron en que aún se desconoce el importe de la multa que tendrá que abonar Oleícola El Tejar y destacaron que cuando se produjo el incidente la compañía comunicó una cantidad, una cuantía de vertido que finalmente "ha sido bastante más".

Y es que, como consecuencia del vertido de orujo, la CHG ha abierto un expediente sancionador contra la empresa Oleícola El Tejar, según anunció el subdelegado del gobierno, Juan José Primo Jurado. Durante una visita al convento de Santa Cruz, tras la finalización de las obras con cargo al 1,5% Cultural que se han llevado a cabo en el inmueble para su restauración, Primo Jurado indicó que será "dentro de unos días" cuando se conozca la multa que tendrá que abonar la compañía por este "daño ecológico" que ha sufrido el río. Este citado expediente, continuó, "determinará el grado de culpabilidad y el grado de sanción que se impondrá a la compañía, ya que hay que valorar la cantidad de orujo volcado".

El subdelegado, además, destacó que "ya no hay riesgo" de vertido, gracias a que desde la CHG "se abrieron las compuertas rápidamente para que se refrigerase y se limpiase el agua". El vertido se ha extendido desde el municipio de El Carpio hasta la capital cordobesa. Primo Jurado lamentó "el daño ecológico" que ha provocado el vertido, si bien, destacó que "no ha dañado a la flora del río".

El orujo, al igual que el alpechín, es uno de los residuos originados en la elaboración del aceite de oliva y tiene una fuerte capacidad de contaminación. Elimina el oxígeno del agua y provoca una "fuerte mortalidad de los animales acuáticos. Pero los efectos son "aún más perniciosos", pues este residuo tiene un efecto fitocida y bactericida, por lo que elimina las plantas acuáticas y las bacterias que viven en el agua, base de la cadena alimenticia y, por tanto, con efectos más duraderos sobre el ecosistema acuático, tal y como ya señaló Ecologistas en Acción.

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, por su parte, se mostró ayer confiada en que la sanción que se imponga a la empresa sea "importante y ejemplificante", sobre "un delito medioambiental que afecta no solo al presente" con el vertido de orujo en el río Guadalquivir, sino que "los daños colaterales de esta situación se van a poder vivir en los próximos tiempos". La primera edil aseguró que desde el Ayuntamiento están en contacto con la Consejería de Medio Ambiente para "conocer las novedades sobre este asunto", que es "lo suficientemente grave" con "los riesgos que supone como para exigir no solo transparencia y conocer de primera mano cuáles han sido los detalles por los que se ha llegado a esta situación, sino también contundencia en una sanción". Así, incidió en que "se debe conocer y exigir conocer los detalles hasta el final", a lo que añadió que "no puede quedar indemne un delito de estas características", de manera que "aunque el vertido haya sido accidental no evita la gravedad".

El Partido Animalista (Pacma), por su parte, ha mostrado sus dudas de que "se establecieron todos los mecanismos de control necesarios para el evitar el desastre medioambiental del vertido". "El embalse es enorme y estaba en su plena capacidad, con 1,2 millones de metros cúbicos de orujo", anotó el partido, que añadió que "creemos que este vertido se filtró al río durante varios días, tiempo necesario para poner medidas e intentar mitigar el grave perjuicio para la flora y fauna del río". "La multitud de peces muertos a lo largo del cauce y la muerte de estos agonizando por falta de oxígeno es un hecho que se podía haber evitado con unos controles adecuados a la empresa que ha originado el desastre", anotó Pacma.

Mientras, el diputado de Ciudadanos por Córdoba, Marcial Gómez Balsera, ha preguntado en la Cámara baja por "el nivel de depuración y control de vertidos que existe en la actualidad por parte de la CHG ante un vertido al río como el que se ha producido en estos días en Córdoba", así como por "las inspecciones realizadas a la empresa que supuestamente ha causado este hecho". Para Gómez Balsera, "hay que exigir responsabilidades por este hecho, que tanto daño está causando al río Guadalquivir".