CCOO Córdoba ha presentado los datos relativos al empleo de las personas discapacitadas en la provincia y ha señalado que no se cumple con la normativa de empleo en empresas privadas y públicas. El Secretario de Empleo y Comunicación del sindicato en Córdoba, Manuel Merino, ha denunciado el "manifiesto incumplimiento" por parte de las empresas con más de 50 trabajadores respecto a la cota del 2% de trabajadores con discapacidad en plantilla.

Merino ha aportado datos que manifiestan que esta ley no se está cumpliendo, ya que "el 96% de los contratos son temporales", un porcentaje alejado de la realidad que debería reflejarse si las empresas alcanzasen esa cota mínima de contratación. Además, ha apuntado que "existe una brecha salarial" con respecto a las personas que no tienen un mínimo de un 33% certificado, ya que "la diferencia en el sueldo mínimo es de un 7%".

El sindicalista ha declarado que "nos llama la atención que una ley no se cumpla", y ha resaltado que algunos de los motivos por los que esto sucede es "por la bajada intensidad de las ayudas públicas y el bajo interés por parte de la Inspección de Trabajo".

Desde CCOO también han puesto el foco en el empleo protegido, aquel destinado directamente a las personas con discapacidad y que se concentra en los centros especiales de empleo. El responsable de Políticas Sociales y Migraciones del sindicato en Córdoba, Said Faz, ha criticado que estos "se han convertido en el empleo obligatorio para estas personas si quieren tener un trabajo digno", especialmente porque no se ha conseguido "la transición hacia el trabajo ordinario no se produzca".

Según los datos que maneja el sindicato, de las 900 personas que recibieron formación en uno de estos centros el año pasado, tan solo 33 consiguieron un empleo fuera del mismo. Esto equivale a únicamente el 4% del total.

Faz ha reivindicado que "no tenemos canales para asegurar el paso del empleo protegido al ordinario", por lo que ha reclamado un mayor apoyo institucional ante los "escasos recursos". Además, ha recordado que las empresas públicas también tiene la responsabilidad de dar oportunidad laboral a las personas con discapacidad, pero ha asegurado que "no tenemos datos, y eso es lo que nos gustaría saber, las empresas que están cumpliendo con la cota y las que no". Del mismo modo, ha recalcado la desprotección de las personas de este colectivo que ejercen su actividad como autónomos.

Los datos que sí ha podido facilitar CCOO son los relativos a la población activa y con empleo dentro de este grupo. Según han revelado, de las 50.000 personas que hay en Córdoba con certificado de discapacidad, solo 22.000 están dentro de la población activa, un 7% del total. Estas cifras dejan una tasa de paro del 33.7%, alrededor de ocho puntos superior al de las personas sin certificado de discapacidad.