Los contagios entre las trabajadoras del servicio a domicilio a consecuencia de la precariedad del sector en esta segunda ola de la pandemia en Córdoba preocupa especialmente entre los municipios de la provincia, donde ya se alcanzan los 40 contagios confirmados por prueba PCR, según los datos del sindicato de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba. 

La pandemia ha venido a confirmar la precariedad del sector, según la secretaria general de dicho sindicato, Isabel Medina, que ha explicado que afortunadamente ninguna de las trabajadoras contagiadas ha tenido que ser ingresada hasta ahora. 

Sin embargo, las al menos 3.000 auxiliares de servicio a domicilio que hay en Córdoba sí se están viendo obligadas, indirectamente, a cumplir con el horario de trabajo habitual aún habiendo confirmado casos positivos entre las familias a las que atienden, sin hacerse pruebas PCR (porque no se las hacen si no presentan síntomas) ni haberse dotado de mascarillas ni equipos de protección adecuados, ha señalado Medina. 

“La mayoría de las empresas no están proporcionando a sus trabajadoras los EPI adecuados para que puedan hacer su trabajo con la máxima seguridad. Les dan dos mascarillas lavables y dos batas, cuando deberían cambiarse de mascarilla y de bata con cada usuario y usuaria y si la persona usaría está contagiada, deberían llevar un buzo, con gafas de protección, que no están llevando”, denuncia.

En Cabra, por ejemplo, según el sindicato, "si ingresan a un usuario en el hospital, el Ayuntamiento obliga a la empresa adjudicataria del servicio a atender a esta persona en el hospital". El sindicato ya ha puesto este caso en manos de sus servicios jurídicos y "vamos a poner la correspondiente denuncia en la Inspección de Trabajo porque el servicio de ayuda a domicilio, como bien indica su nombre, está pensado para atender al usuario en su vivienda habitual, no en un centro hospitalario que ya tiene su personal para atender a las personas hospitalizadas".

De hecho, en la provincia, solo hay una empresa que está realizando a sus trabajadoras pruebas serológicas cada dos meses. En este sentido, el sindicato denuncia que, además, si la trabajadora muestra síntomas y va al médico, le hacen la PCR y da positivo "no lo consideran una baja por enfermedad profesional, aunque se haya contagiado por atender a una persona que tiene coronavirus, así que los días que estén de baja tampoco los cobran".

En el Ayuntamiento de La Rambla se da otra situación irregular tras "sacar a concurso el servicio por 12,60 euros la hora más IVA pero da puntos a las empresas que rebajen este precio y ofrezcan mejoras y trabajos extras en el servicio", ha criticado Medina.  

Precariedad del sector

Así las cosas, el precio que la Junta paga por hora es de 13 euros, lo que el sindicato considera "insuficiente" y además es una tarifa que "no se ha revisado desde el año 2007". 

Además, el sindicato denuncia que las empresas solo cobran (y pagan) las horas trabajadas, cuando en el convenio se recoge una cantidad mínima de horas de servicio anuales. Es decir, "si una persona usuaria, por cualquier circunstancia, no requiere el servicio puntualmente y está unos días sin recibirlo, la empresa no lo cobra y, por extensión, no se lo abona a la trabajadora".

El sindicato ha detallado que la mayoría de las auxiliares de ayuda a domicilio, unas 3.000 en Córdoba, trabajan con un contrato parcial, "es decir, no llegan al salario mínimo interprofesional y están cobrando entre 500 y 600 euros, si pierden usuarios sus sueldos se van a peor", ha remarcado la responsable sindical.

CCOO exige a la Junta de Andalucía que revise de inmediato el precio hora que se abona por el servicio de ayuda a domicilio de la Dependencia y que reponga las bajas de usuarios que reciben el servicio.

Además, pide a los ayuntamientos abonen a las empresas adjudicatarias los gastos extraordinarios provocados por la pandemia para que puedan facilitar a sus trabajadoras los equipos de protección y les puedan hacer pruebas PCR o serológicas frecuentes y exige pliegos de contratación "justos, con precios que permitan a las empresas obtener su lógico beneficio pero que no sea a costa de las trabajadoras y de su salud".